Torra se juega su inhabilitación por no retirar lazos amarillos durante la campaña del 28-A
Torra repite este lunes el recorrido que ya hizo en mayo durante la fase de instrucción. Arropado, de nuevo, por miembros del Govern, también de su partido y de las diferentes entidades independentistas. Vuelve al alto tribunal catalán con una fe enorme, dice, en su defensa. Declara a partir de las nueve de la mañana, en una única sesión. Tras él, una decena de policías, el excomisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, y por la tarde, cargos políticos. Desde Carrizosa, por Ciudadanos, hasta el conseller de Interior, Miquel Buch, y su exportavoz Elsa Artadi. Pasando por el defensor del pueblo de Cataluña. Y la delegada del Gobierno. Un juicio por no haber acatado la orden de la Junta Electoral de retirar la simbología por los presos independentistas de los edificios de la Generalitat antes de los comicios generales del 28 de abril. Hasta once días de tira y afloja con tres pancartas diferentes ante un órgano que el president dice no reconocer como competente, ni superior a su cargo. Para la fiscalía es un desafío por el que pide 30.000 euros y un año y ocho meses de inhabilitación. O lo que es lo mismo: que no pueda seguir como president en 2020.
-Redacción-
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