Miembros de una familia rumana cuya vivienda derribó el Ayuntamiento. A. NAVARRETE

A un lado casas ilegales permitidas durante casi 40 años en una vía pecuaria protegida. En muchas viven familias estructuradas cuyos hijos acuden al colegio. En otras tantas, los menores ni siquiera figuran en el registro civil, las edificaciones son insalubres, sin agua corriente ni electricidad. Y en otro buen puñado es habitual el tráfico de drogas.

Esta podría ser la radiografía de Cañada Real Galiana, donde viven unas 40.000 personas y hay unas 2.000 edificaciones ilegales. Tras los enfrentamientos de la semana pasada entre policía y vecinos, para evitar el derribo de una casa, las administraciones locales, regional y central se muestran dispuestas a trabajar de forma conjunta. La única pega es que ni los Ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, ni la Comunidad de Madrid ni la Delegación del Gobierno quieren dar el primer paso.

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Pilar Martínez, instó ayer a la Comunidad de Madrid a que convoque una reunión con Delegación y los ayuntamientos. Fuentes regionales aseguraron que “la Comunidad colaborará en cuantas comisiones sea llamada”. Una respuesta parecida dieron en la Delegación del Gobierno central. Mientras, el Ayuntamiento lo advirtió ayer: acatará y cumplirá las resoluciones judiciales.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRACIÓN?

El Ayuntamiento de Madrid  

La mayor parte de la Cañada Real está en la capital. Puede abrir expedientes de infracción urbanística y de demolición por construcción ilegal. La atención social es competencia suya. La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, se comprometió con ONG y vecinos a trabajar de "forma conjunta" para resolver la situación. Fuentes municipales dijeron que "se realojará a todos los que tengan derecho a ello".

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 

Es el otro ayuntamiento afectado junto con el de Coslada, San Fernando de Henares y Getafe. Tienen las mismas competencias urbanísticas que Madrid y también deben dar apoyo social a los que habitan en la Cañada. El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, afirmó ayer a Público que debe abordarse la situación "ya". Cree que hay que estudiar caso a caso y está dispuesto a asumir los realojos que le correspondan.

 

Comunidad de Madrid
Las vías pecuarias, como lo es la Cañada Real Galiana ,"son bienes de dominio público de las Comunidades", según consta en la Ley de Vías Pecuarias, de 1995. Entre sus responsabilidades está la conservación de estas vías, así como garantizar su uso para facilitar el tránsito ganadero. La ley recoge que la edificación o ejecución de cualquier obra no autorizada es una infracción grave. Las multas por ellas van de los 30.000 a los 150.000 euros.  

"Las competencias en materia de seguridad no son nuestras". Fue la respuesta de la Comunidad a las preguntas de este periódico sobre su responsabilidad en la conservación de la vía pecuaria. Tras insistir de nuevo la respuesta fue: "Como ha dicho la presidenta [Esperanza Aguirre] es un problema heredado y no tenemos una varita mágica para solucionarlo". La Comunidad está dispuesta a colaborar en cuantas comisiones sea convocada.  

 

Delegación del gobierno

Es su responsalibidad velar por la seguridad de los ciudadanos y tratar de evitar la delincuencia. En los últimos años la zona de Cañada Real más cercana a Valdemingómez (15.000 vecinos) se ha convertido en uno los mayores focos de venta de droga de la región, según fuentes policiales. Varias operaciones policiales han permitido destapar operaciones de tráfico de drogas así como de dos secuestros de menores.  

Fuentes de la institución, cuya titular es Soledad Mestre, señalaron ayer a Público que siempre están "dispuestos a colaborar en cualquier asunto que beneficie a los madrileños". Admiten que la solución a Cañada Real es "compleja y que están implicadas varias administraciones". La Delegación "evitará" el tráfico de droga y apoyará a la Policía Local en los desalojos que oridenen los jueces".