Tener acceso a Internet de banda ancha tendrá que ser posible "para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible" a partir de 2009. La Comisión de Industria, que se reunió ayer para debatir las enmiendas a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), sirvió para poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios en algo: incluir la banda ancha en el servicio universal.

La enmienda transaccional fue aprobada por unanimidad, lo que deja pocas posibilidades a que se dé marcha atrás en su paso por el Senado. La semana que viene, la ley irá al Pleno del Congreso.

El servicio universal recoge actualmente como servicios obligatorios "la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet". Ese texto se modificará por "permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos que se definan por la normativa vigente". La pregunta es: ¿Quién lo va a pagar? Telefónica ha reivindicado históricamente que los costes en los que incurre por estar obligada a prestar el servicio universal, incluso en las condiciones actuales, no están justificados. La ley dice que, de no ser justos, hay que activar la creación de un fondo de compensación al que aporten dinero todos los operadores en función de lo que determine la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Pero la CMT arrastra un importante retraso incluso para definir cuáles han sido los costes de Telefónica por el servicio universal los años 2003, 2004 y 2005. Su presidente, Reinaldo Rodríguez, ha asegurado recientemente que el consejo de la CMT aprobará este mismo año el expediente que defina esos costes así como la necesidad o no de extender a otros operadores su financiación. En su última resolución al respecto (25 de marzo de 2004) la CMT decidió que el coste para Telefónica del servicio universal en 2002 fue de 110 millones de euros, frente a los 223 millones que contabilizó la operadora. Por eso no consideró una "carga injustificada" para ésta su prestación.

Claro que entonces Reinaldo Rodríguez, que no era presidente, emitió un voto particular en contra de esta decisión. Por otro lado, en la Comisión de Industria reunida ayer se pactó también por unanimidad un texto que impida que las sociedades gestoras de derechos (como SGAE) se consideren organismos competentes para solicitar el bloqueo de una página web sin intervención judicial.

También se aprobó la anulación de dos enmiendas: la que iba a regular la televisión por el móvil, que tendrá que esperar otra legislatura, y la que permitía cerrar y sancionar a televisiones y radios