Una imagen de la sala de control de Santa María de Garoña, inaugurada por Franco en 1971.

Un lejano día de octubre de 1971, el general Francisco Franco se bajó de su Cadillac y caminó hasta la sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras realizar un largo trayecto por la comarca del Valle de Tobalina. Allí, vestido con uniforme oficial y con gesto solemne, se dispuso a poner en marcha el reactor, suministrado por la empresa estadounidense General Electric. Pero Franco, embarullado por la complejidad del panel, se equivocó y accionó los botones de parada. Tras la fotografía de rigor, rechazó un pincho ofrecido por la central, por prisa o por canguelo, y se fue como una exhalación a pescar salmones a Asturias.

Elías Fernández, entonces técnico de protección radiológica de la central y todavía trabajador en la instalación, recuerda con nitidez aquel día. “Fue una pantomima, la central ya había funcionado en pruebas y estaba acoplada a la red”, narra. Tras la falsa inauguración, el dictador no volvió a poner un pie en la central.

Casi 40 años después, la instalación lucha contra su cierre. Su permiso de explotación caduca en julio de 2009 y el Ministerio de Industria tendrá que decidir si concede un nuevo permiso, por otros 10 años, una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita un informe técnico sobre la central, lo que se producirá en mayo del próximo año.

Garoña no lo tiene fácil. Según el último Eurobarómetro, el 80% de los españoles se declara en contra de la energía nuclear, aunque sólo el 15% se considera bien informado sobre el tema.

En su programa electoral, el PSOE aseguraba que mantendría “el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil”. El propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en 2006 a presentar un calendario de cierre antes del fin de la anterior legislatura. El anuncio se quedó en pirotecnia electoral y el plan nunca se publicó porque, como señalan fuentes del Ministerio de Industria, “desde entonces ha llovido mucho”.

Más ha llovido aún desde que el anterior presidente socialista, Felipe González, se opusiera a este modelo energético; oposición que él mismo ha definido en círculos privados como “el mayor error” de su carrera política.

Una decisión estratégica

En realidad, no sólo está en juego el futuro de Garoña, una central que produce casi el doble de la energía necesaria para abastecer a toda la provincia de Burgos. Su renovación abriría la puerta a la de todo el parque nuclear español. Y, con el actual precio del petróleo y su compromiso de reducción de emisiones de CO2, España no parece capaz de prescindir de la energía nuclear. Diez años más de nucleares supone la producción de 600.000 millones de KWh: la energía consumida en España durante dos años y medio.

La central, en la margen izquierda del río Ebro, no vive ajena al dictamen de 2009, pero lo parece. La empresa propietaria de la instalación, Nuclenor (repartida entre Endesa e Iberdrola) tiene previstas inversiones hasta 2013 y prevé una parada de recarga en marzo de 2009, cuatro meses antes del hipotético apagón.

El portavoz de Nuclenor, Antonio Cornadó, niega que sea una medida de presión. “Simplemente, tenemos confianza en el futuro”, asegura. Su principal baza se encuentra en EEUU. Centrales como Dresden-3 y Monticello, inauguradas también en 1971 y con un reactor similar, ya han obtenido allí un permiso de renovación hasta 2030.

En enero de 2008, las principales organizaciones ecologistas de España se reunieron con Zapatero para presentarle 84 propuestas ambientales. La primera destacaba “la necesidad del cierre urgente de la central de Garoña”, en la línea de lo sugerido por el Gobierno. Sin embargo, el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ve “motivos de preocupación” en los últimos movimientos del Ejecutivo. “Zapatero ha puesto el Ministerio de Industria en manos de un pronuclear, Miguel Sebastián, y ha dejado fuera a Narbona y Caldera, que se habían declarado en contra”, señala.

En su opinión, Garoña debería cerrarse “inmediatamente”, por motivos de seguridad, aunque, a día de hoy, no hay ningún indicador que afecte a su seguridad, según los datos del CSN. Bravo exige a Zapatero que presente en las próximas semanas el calendario de cierre que prometió en 2006 “o confiese que no va a cumplir con su compromiso”.

Los ecologistas no quieren esperar al veredicto del CSN, porque predicen que será favorable para la central burgalesa. “A la industria nuclear le da igual Garoña, porque ya está amortizada; aquí se está peleando por alargar la vida útil de todo el parque nuclear español. Ésa es la batalla de Garoña”, asegura.