Viernes, 18 de Abril de 2008

Coto a los pisos turísticos

Barcelona cerrará unos 500 apartamentos ilegales y controlará su proliferación en el centro

MANEL BUGEDA ·18/04/2008 - 20:26h

Playa de la Barceloneta.

Barcelona no permitirá más apartamentos turísticos en el centro. Era una de las principales reivindicaciones vecinales y el Ayuntamiento asegura que pondrá en marcha su maquinaria para cerrar más de 500 pisos ilegales. Además, no dará nuevas licencias en el centro de la ciudad al menos hasta de aquí a dos años. El resto de pisos deberá estar inscrito en un registro municipal y estará sujetos a un mayor control, con sanciones de hasta 15.000 euros por causar molestias a los vecinos.

Hasta ahora, los apartamentos debían estar inscritos en el registro de la Generalitat, pero era el Ayuntamiento quien lo controlaba sin un amparo legal eficaz. Las inspecciones eran lentas, y centenares de ellos siguen funcionado de modo irregular. La nueva ley de la vivienda aprobada por el Parlament traspasa las competencias a los ayuntamientos y el de Barcelona será el primero en aplicarlas.

Información a los vecinos

De este modo, en el centro quedarán solamente 669 pisos legales, los que hay actualmente en el registro de la Generalitat. En el resto de la ciudad, la regulación será más laxa y permitirá que cualquier negocio de esta índole legalice su situación. Los vecinos tendrán que ser informados cuando se abra un nuevo apartamento y dispondrán de un protocolo de actuación municipal si genera molestias. Operar sin licencia en cualquier parte de la ciudad podrá ser castigado con una multa de 30.000 euros y la comunicación de la actividad a la agencia tributaria.

El fenómeno de los pisos turísticos estaba levantado críticas contra el Ayuntamiento, al que se le pide menos permisividad con el sector inmobiliario. Los apartamentos turísticos han hecho la vida imposible a los muchos vecinos que tienen que convivir con fiestas, ruidos y constantes llegadas y salidas en su escalera.

Por eso el alcalde, Jordi Hereu, salió al paso de las críticas y aseguró que la nueva regulación es "la respuesta al anhelo de distintos barrios". Su objetivo será hacer compatible "el derecho al descanso" con esta actividad económica.

"Está en juego el concepto de ciudad", afirmó Hereu, y en especial, el del centro, que "no se quiere hiperespecializar". El alcalde aseguró que no se puede "dejar hacer al mercado" como ha pasado en otras ciudades, y apostó por unas reglas de juego que regulen este fenómeno emergente.

 

Recelos en La Barceloneta

La Barceloneta siempre ha reivindicado su carácter pescador y humilde. Al lado del mar y pegado al centro, sus vecinos conservan aún ese ambiente donde la gente se conoce de toda la vida. Pero su privilegiada situación se les ha vuelto en contra. El auge de los apartamentos turísticos ha convertido a los pisos del centro en potenciales negocios. Con precios que llegan a los 300 euros por día, algunos propietarios e inmobiliarias han decidido sumarse a este sector, hasta ahora poco regulado. Emília Llorca, presidenta de la asociación de vecinos de l'Òstia, se muestra escéptica ante la nueva regulación. "No cambiará mucho aunque los pisos estén registrados. La gente viene a divertirse, y a nosotros nos toca hacer de porteros". Llorca denuncia, además, que los planes municipales para mejorar La Barceloneta están impulsando la sustitución progresiva de los vecinos, especialmente los que viven de alquiler, "casi dos tercios del barrio". "La gente se está marchando. Los propietarios no los quieren, aunque estén dispuestos a pagar más".

Un proyecto para poner ascensores en los bloques, a costa de derribar un apartamento en cada planta, ha dividido al barrio. "El plan obliga al propietario a hacerse cargo del inquilino, tanto si se queda en el piso como si tiene que recolocarlo. Así que algunas inmobiliarias no renuevan ningún contrato y si son personas mayores con alquileres indefinidos les hacen mobbing". Hace dos semanas, un juzgado desahuciaba a un vecino mayor con dos hijos con discapacidad intelectual. "Es el primero caso, pero tenemos 25 vecinos más pendientes de desahucio a causa del plan de ascensores".

El Ayuntamiento ha presentado la Barceloneta al concurso de ayudas de la Ley de Barrios. Pero Llorca teme que este dinero público acabe en manos de las inmobiliarias y atraiga aún más a los inversores.