Martes, 16 de Octubre de 2007

El Gobierno prepara una ley sobre créditos de reunificación de deuda

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha anunciado hoy que en los próximos días remitirán un anteproyecto de Ley al Consejo de Estado.

BELÉN CARREÑO ·16/10/2007 - 11:07h

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció esta mañana que el Gobierno prepara un anteproyecto de ley para mejorar la regulación de las reunificadoras de deuda, así como la contratación de préstamos hipotecarios por parte de los consumidores. La medida será enviada en los próximos días al Consejo de Estado. 

El texto pretende unificar los requisitos previos que se exigen a la hora de negociar este tipo de créditos y equipararlo con los exigidos a las entidades financieras. De esta forma, extenderá las obligaciones que ya tiene la banca con los créditos hipotecarios a otros operadores que también realizan estas actividades. Precisamente hoy, el Congreso aprobará la reforma del mercado hipotecario por el que se incorporan nuevas exigencias en los créditos para la compra de vivienda enfocados, entre otras cuestiones, en abaratar las modificaciones para el usuario.

La equiparación de estas exigencias es una antigua reivindicación de la banca y las cajas de ahorro que se quejaban a de excesiva laxitud en el mercado de los intermediarios financieros. Como las reunificadoras y otro tipo de entidades prestamistas (como las compañías que ofertan créditos rápidos) no captan pasivo, la supervisión de las mismas no recaerá en el Banco de España sino en los organismos de Consumo. En este sentido, serán las Comunidades Autónomas las responsables de supervisar que se cumplan las nuevas medidas ya que las competencias de consumo están bajo su responsabilidad.

Así, el anteproyecto de Ley ampliarará "de manera considerable", según Vegara, las obligaciones de transparencia de modo que los consumidores conozcan en todo momento las características de los productos que contratan.

Vegara quiso dejar claro que la actividad de agrupación de deudas y la intermediación financiera en general "puede ser positiva para los consumidores". Por un lado, cree que pueden ayudar a reducir el coste que implica la búsqueda de un préstamo para un consumidor. Además, en opinión de Vegara, los consumidores pueden ganar en poder de negociación frente a los prestamistas, al acceder a las mejores condiciones en el mercado. La nueva norma respetará estas "potencialidades" a la vez que impulsará la transparencia del servicio al garantizar que el consumidor está informado, conoce y comprende las características de los productos que está contratando, aseguró el secretario de Estado.

Algunas de las medidas concretas que se exigirán y que desgranó hoy Vegara:

- Las empresas deberán inscribirse en registros públicos que crearán ad hoc las Comunidades Autónomas a la vez que se formará un registro estatal en el Instituto Nacional de Consumo.

-Se incrementará la transparencia en la información precontractual y en los precios, de forma que las empresas no podrán aplicar cantidades superiores a las que deriven de las tarifas correspondientes. Desde el ministerio se hace hincapié que en que las comisiones cargadas deben corresponder a a servicios efectivamente prestados.

-Las tarifas se plasmarán en un folleto y en un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público. Además, en el folleto se debe ejemplificar el coste de la Tasa Anual Equivalente de forma que sea más inteligible.

- La empresa realizará una oferta vinculante. Ésta se formulará por escrito, firmada por el representante de la empresa y, salvo circunstancias extraordinarias, tendrá una validez de da hasta diez días hábiles después de su formulación

-Las empresas independientes de reunificación de crédito sólo podrán percibir retribución cuando se haya pactado su importe de forma contractual. Además, estarán obligados a seleccionar entre los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las necesidades del cliente. Para ello, deberán presentarle, al menos, tres ofertas vinculantes de entidades de crédito sobre las que asesorará debidamente al cliente. 

- Por último, y también con el ánimo de proteger al usuario, se contempla el derecho del consumidor a abandonar el contrato de intermediación en los 14 días naturales posteriores a la formalización del contrato.