Domingo, 14 de Octubre de 2007

Giro total en el 'caso Malaya'

El relevo judicial relaja la presión sobre los principales implicados

RAÚL BOCANEGRA ·14/10/2007 - 18:28h

Juan Antonio Roca, en uno de los traslados al juzgado. EFE

"Esto ha cambiado bastante. Los síntomas son ésos". Lo aseguró la semana pasada José Aníbal Álvarez, abogado de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama Malaya, la mayor red de corrupción destapada hasta ahora en España. Lo que ha cambiado es la persona que está al frente de la instrucción del caso. Óscar Pérez Corrales sustituyó el pasado verano a Miguel Ángel Torres y lo cierto hasta la fecha es que las defensas de los procesados han recibido la mudanza con auténtica euforia.

¿Se excedió Torres o se queda ahora corto Pérez? Hay divergencias: unos juristas opinan que Torres abusó de la prisión preventiva mientras que otros defienden a capa y espada cada paso que dio durante los 16 meses en los que instruyó el caso.

Tras el relevo judicial, varios de los principales procesados de la lista de 86 que dejó amarrada Torres, entre ellos una veintena de ediles, otra veintena de empresarios y diversos abogados y testaferros, han visto mejorar su situación procesal, en contra del criterio de la Fiscalía. Entre ellos figuran Julián Muñoz, ex alcalde; Pedro Román, ex teniente de alcalde; Florencio San Agapito, ex comisario; y Rafael del Pozo, ex jefe de la Policía Local.

La Audiencia Provincial de Málaga también ha participado en la revocación de las decisiones de Torres. Y a Isabel Pantoja, la tonadillera vinculada sentimentalmente al ex alcalde de Marbella, Pérez le ha devuelto la fianza de 90.000 euros. El magistrado argumentó que la cantante no está procesada en la Malaya sino imputada en una pieza de blanqueo de capitales separada del núcleo de la operación principal. Y sostiene, además, que no hay riesgo de fuga.

Dos versiones

Qué significa esta aparente relajación de la presión sobre los principales implicados? Hay dos versiones. Una, que el juez Torres se excedió en la aplicación de la prisión preventiva y otras medidas de aseguramiento de pruebas, rechazada hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha desestimado cuatro querellas contra Torres y tramita al menos otras dos.

Y otra, que las circunstancias han cambiado y que la instrucción está suficientemente avanzada como para que el proceso corra algún riesgo, según distintas fuentes cercanas al caso y varios jueces de instrucción consultados. Y, de momento, la medida más polémica, soltar a Roca, no se ha tomado, a pesar de que su abogado lo ha pedido ya en ocho ocasiones desde que fue encerrado hace 19 meses.

El juez Torres afrontó la parte más difícil. Puso el caso en marcha y, en estrecha colaboración con la fiscalía y la Policía, lo trabajó exhaustivamente. Luego, con el kilométrico auto de procesamiento (más de 450 páginas), se lo dejó mascado a Pérez.

La prisión preventiva

Sin embargo, la clave del debate, según los expertos consultados, está en la aplicación de la prisión provisional y preventiva. Los artículos 502 a 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan esta figura de manera restrictiva. Sólo se puede aplicar en el caso de que exista riesgo de fuga, o bien cuando esté en el aire la posibilidad de que el detenido pudiera ocultar pruebas.

El trío de ases

Torres creía que ésa era la situación de tres implicados y mantuvo la prisión incondicional en su testamento del caso: el auto de procesamiento.El trío de ases lo formaban Roca, imputado en 44 procesos penales; Muñoz, imputado en 83, y Román. Sin embargo, Pérez autorizó la liberación de Muñoz -que no ha salido de la cárcel porque sobre él pesan otras dos condenas- a finales de septiembre al considerar que se había mitigado el riesgo de fuga.

Y, la semana pasada la Audiencia Provincial le impuso una fianza de un millón de euros a Román. Fuentes cercanas a la judicatura malagueña justificaron la decisión: "No es que no hubiera pruebas, sino que las medidas cautelares para el contenido del sumario eran excesivas".

Sólo queda Roca. Su abogado lo tiene claro: "Lo razonable sería que saliera a los dos años como máximo, pero entendemos que no debe prolongarse más". El juez Óscar Pérez debe esperar ahora el escrito de acusación del fiscal y, después, declarar la apertura del juicio oral. A pesar del giro que ha dado al caso y de las dudas de algunos, quienes le conocieron no tienen duda: "No se deja presionar. Si se los tiene que llevar por delante, lo hace seguro".