Viernes, 4 de Abril de 2008

"Con el impulso a la nueva interlocución en la huelga, la cordura se recuperará"

El ministro de Justicia en funciones analiza el conflicto de los funcionarios y el caso Mari Luz: "Si dice que lo que ocurrió le pasa a cualquiera, yo digo: sí, sí, a cualquiera que no trabaja"

ALICIA GUTIÉRREZ ·04/04/2008 - 23:20h

El ministtro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo. A. MARTÍNEZ

Tras saberse que el presunto asesino de Mari Luz tenía una condena incumplida, jueces y fiscales dicen que lo ocurrido podría repetirse. ¿Al  final será que nadie tuvo la culpa?

Esa opinión no puedo compartirla. Porque alguien debe matizar que se puede tardar en poner una sentencia, pero es que hay alguien que está tardando. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe inmediatamente dar respuesta a esa realidad, que es la que preocupa, la de alguien que no hace su trabajo. Si quien tiene que hacer ejecutar la sentencia, el juzgado de lo penal número 1 de Sevilla, hace su trabajo, no ocurre. Si el órgano judicial actúa con la seriedad y el rigor exigibles, no ocurre.

¿Ha faltado seriedad y rigor?

Yo no digo eso, sino que alguien no ha cumplido con su obligación. Si es a eso a lo que se refieren cuando dicen que eso le puede pasar a cualquiera, yo digo: ‘Sí, sí, le puede pasar a cualquiera que no trabaja’. Al juez que está encima de su juzgado, no le pasa.

Un columnista escribió que dejas de pagar la letra del TV, y nadie te fía ni para pipas, pero puedes tener varias condenas y pasearte hasta por los juzgados. ¿En el sistema judicial la mano izquierda no sabe qué hace la derecha?

Vuelvo a lo mismo. Si quien mira el material que tiene en las manos no lo mira bien, estas cosas pasan. En todos los atestados que llegan a los juzgados aparecen enumerados los antecedentes policiales de todo imputado. Y a partir de ahí se puede llegar a saber si alguien tiene una causa pendiente. Y para conocer los antecedentes los juzgados también tienen el registro central de penados y rebeldes. Pero, claro, si alguien no introduce la condena de alguien en ese registro, es claro que no aparece, pero no es el sistema el que falla. Podemos poner los registros que queramos, pero lo que ha ocurrido en Sevilla no ha derivado de que no hubiera un registro, sino de que alguien no ha trabajado, de que ha estado paralizada esa ejecutoria sin que se hiciera lo que había que hacer: meter en la cárcel a este señor.

En España hay 400.000 sentencias pendientes de ejecución. Y usted sostiene que el sistema no falla.

Mire, que una cosa esté en ejecución no debe sorprender ni alarmar, siempre que se ejecute. A veces, una ejecutoria está abierta porque, imagínese, se ordenó el ingreso en prisión de alguien y el embargo de bienes, y la ejecutoria está viva mientras se hacen estas cosas. No se alarme nadie por que haya 400.000 ejecutorias. Alarmémonos cuando en una ejecutoria quien tiene que trabajar no trabaja. Ése es el problema.

Parece que en 2004 el presidente del CGPJ recibió un informe que alertaba de que no había listados informáticos fiables sobre penados y buscas y capturas. ¿Usted lo sabía?

No, no me consta que ese informe haya existido. Si fuera verdad, el presidente del Consejo habría obrado en consecuencia. Es decir, habría propuesto medidas.

La Fiscalía ya ha recomendado que se unifiquen los sistemas telemáticos. ¿Qué le parece?

La justicia necesita muchísima inversión en informática, es evidente, pero el problema se arregla de otro modo y ya lo estamos haciendo: creando el registro de medidas cautelares. En cuanto las incorporemos al registro de penados y rebeldes se acabó el problema. Ésa es la interconexión: que desde la mesa del funcionario del juzgado, se conecta y se ve si la persona que tiene delante declarando tiene una medida cautelar.

¿O si tiene una condena que aún no es firme?

No, se anotan cuando son firmes. Pero siempre que hay un procedimiento existe la opción de determinar medidas cautelares. Y obviamente, eso significa que es la existencia de ese procedimiento lo que falta para que cualquier órgano judicial conozca que hay medidas cautelares adoptadas por otro órgano. Es la luz roja que necesitamos.

El PP propone aplicar la ‘doctrina Parot’ también a violadores y pederastas. ¿Qué le parece?

Yo no emito opiniones sobre hipótesis de esa naturaleza, ni estoy aquí para hacer teoría, sino para adoptar medidas que mejoren la justicia.

¿Se mejora la justicia cuando el portavoz del Poder Judicial habla de cadena perpetua?

No sólo no se mejora, sino que extiende una cortina de humo para que la gente no hable de lo que había pasado en Sevilla. Ahora tenemos un problema en Sevilla, él tiene un problema en Sevilla. Sacar el debate de la cadena perpetua, mire, perdone, yo no entraré al trapo.

Ciertos observadores opinan que el CGPJ se dedica tanto a hacer política que no le queda tiempo para la gestión. ¿Lo suscribe?

A mí me parece que independientemente de lo que haya dejado de hacer, en lo que no entraré, es evidente que ha habido demasiado aficionado a la política en este Consejo. Mi opinión es que el CGPJ debe tener una exquisita neutralidad política.

Por cierto, el Consejo acaba de ofrecerse como mediador en la huelga de Justicia. ¿Qué dice?

Pues que debería preocuparse de lo de Sevilla y de más cosas que son de su competencia. Estaría muy bien. Cada uno, en lo suyo, que bastante tenemos.

¿Y por qué cree usted que se meten ahora en este charco?

Pues pregúnteselo a ellos. Yo le puedo decir que resulta absolutamente innecesario que nadie medie en un conflicto como el que tenemos. Lo que hace falta es que los negociadores sean serios. Aquí hemos negociado con unas personas que cuando hemos llegado a un acuerdo, lo han violado: a los diez minutos, prácticamente. Han llegado al acuerdo de convocar un referéndum para su aprobación y han pedido el no. Y han convocado un referéndum trucado, absolutamente fraudulento donde sólo han dejado votar a los que les parecía que iban a votarles a ellos. Realmente increíble en un Estado democrático, pero ha ocurrido.

O sea, que nada de mediador.

No, lo que hace falta es un negociador serio enfrente. No lo hemos tenido y lo vamos a tener, porque yo he convocado [para hoy] a los representantes de las ejecutivas federales [de servicios públicos de CCOO, UGT y CSIF] y al presidente del STAJ a una reunión conmigo para analizar la situación porque entiendo que estos sindicatos son serios, así que llamo a las jerarquías para que me lo expliquen, para recuperar la confianza y para hablar seriamente de la situación creada para arreglarla. Porque imagínense qué grado de confianza puede tenerse en los representantes sindicales que han estado aquí y que después de dos meses con una huelga en la calle son capaces de firmar un acuerdo y hacer lo que han hecho. Incumplirlo frontalmente.

Volviendo al CGPJ, si  Sender hubiera escrito hoy ‘La tesis de Nancy’, tal vez Nancy hubiera concluido que los miembros del CPGJ son estrellas. ¿Por qué ese protagonismo?

Sí, hubiera sido un capítulo precioso. Yo creo que no hemos acertado con el diseño del Consejo del Poder Judicial. La Constitución no ha generado un órgano viable, creo que se ha desarrollado de una manera muy poco afortunada y el resultado final es que cada Consejo ha sido peor que el anterior. Esto es algo que es muy común oírlo porque ha ido no cumpliendo bien con su misión y realmente se muestra como un órgano muy necesitado de una reflexión profunda para que cumpla con su función. En eso estamos.

¿Lo lograrán en esta legislatura?

Desde luego, lo vamos a intentar. Y espero conseguirlo.

Así que espera conseguirlo. Y ayer dijo que la huelga la va a arreglar usted. Una de dos: o piensa arreglarlo en días o sabe ya que repetirá como ministro, ¿no?

Mire, este ministro en funciones va a arreglar ese conflicto. Es que si yo no pensara que lo voy a arreglar, lo que tendría que hacer inmediatamente es decirle al presidente que me relevara. Será insólito, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que voy a arreglarlo, pues claro, faltaría más. Con el nuevo impulso a la interlocución, la cordura va a recuperarse.

¿Insinuar que los funcionarios no son personas muy dedicadas al trabajo era la mejor forma de solucionar el conflicto?

¿Y quién ha insinuado eso?

Bueno, usted habló hace una semana sobre la dedicación…

Dígame una frase en la que yo haya insinuado que los funcionarios no son personas aficionadas al trabajo. Estoy dispuesto a rectificar si fuera preciso. He dicho algo muy distinto: que cuando a la Administración se le pide una subida lineal -es decir, igual para los mejores trabajadores, los menos mejores y los que incluso rayan en el negativo-  la Administración debe pedir a los sindicatos que le ayuden a que, como todos van a percibir lo mismo, todos suban su rendimiento para parecerse a los mejores.

¿Qué datos tiene sobre esa falta de control de horarios de que habla?

Eso es histórico porque nunca ha habido manera de establecer un control horario. Creo que es hora de que se establezca un sistema fiable. Hay una mayoría que cumple, y nadie debe ofenderse porque queramos que todos se parezcan a ésos, a los buenos.

"Estoy absolutamente convencido de que voy a arreglar la huelga, faltaría más" 

¿Por qué considera inválido el argumento de la equiparación salarial? La izquierda siempre ha sostenido que a igual trabajo, igual salario, ¿no?

Mire, como desideratum me parece muy bien, pero quién define lo que es igual trabajo. Cuando ellos dicen “queremos ser como las comunidades autónomas”, deberían aclarar que dentro de las comunidades autónomas hay mucha diversidad. Por ejemplo, las autonomías con lengua propia priman el conocimiento de la lengua, y dan una cantidad por eso, y priorizan a quienes conocen la lengua. Y otras que tienen más dificultad para retener gente priman la estabilidad. Dentro de lo que debe ser una razonable homogeneidad puede haber diferencias. Una absoluta equiparación no es viable.

Entonces el Estado autonómico…

Segundo punto: todo el mundo tiene que aceptar que en un Estado de las Autonomías los Presupuestos de cada administración los hace esa administración. Lo que ha ocurrido en este país es que las autonomías llevan 25 años con una política de salarios en general muy elevada y cuando ahora transferimos a los funcionarios de Justicia, al llegar a la comunidad dicen: “Oiga, que yo quiero el mismo nivel salarial que usted tiene aquí”. Y rápidamente se les ha ido dando.

¿Quiere decir que hay una bola de nieve que crece y crece?

Sí, una bola de nieve enorme. Mire, nuestra primera oferta fue un pacto para cuatro años. Y se nos dijo que no, que sólo para dos, porque los funcionarios piensan que serán transferidos y que es mejor para ellos negociar luego. Pero lo que decimos es que si se plantea una subida salarial [los sindicatos piden 200 euros; el Gobierno ofrece 180] tan fuerte tras haber aplicado más de un 20% de incremento en la legislatura, no se puede pretender que sea a cambio de nada. Hemos pedido que aprendan las nuevas herramientas informáticas, que nos ayuden a un mejor control horario y a combatir el absentismo… Yo no sé por qué puede sorprender que una Administración que va a pagar más pida contraprestaciones.

¿Qué fórmula tiene para evitar que el Estado pague la huelga? Porque los huelguistas también tendrán que participar en los planes de recuperación, ¿no?

Yo quiero que estén. Es que yo no me privo de ninguno. El interés colectivo es que lo atrasado se recupere cuanto antes. Lo que no podemos hacer es lo que han pretendido ellos: excluir a los no huelguistas, otro disparate. No vamos a pagar la huelga.

¿Hay situación de caos?

No, una huelga no es un caos. Hay unos servicios mínimos que vamos a mejorar. Y si los servicios mínimos funcionan…

"No hemos acertado con el diseño del CGPJ; cada Consejo ha sido que peor que el anterior" 

Me refería a las consecuencias de la huelga.

No, pero no es un caos. Ésa es una palabra a la que parecen muy aficionadas siempre algunas personas, que ven un caos allí donde el orden deja de ser el cotidiano. Aquí tenemos un orden que consiste en unos servicios mínimos.

¿Si repite como ministro, y tomando como muestra el caso de Mari Luz y la huelga, cuál es la tarea más urgente por abordar?

Hay muchas cosas urgentes, pero lo más importante de todo es que los mecanismos de exigencia de responsabilidad funcionen. Y bien.

¿Es una tarea pendiente?

Insisto. Deben estar afinadísimos y dar respuesta inmediata ante hechos como éstos. El primer mensaje que se tiene que recibir por la ciudadanía es que las cosas funcionan. Necesitamos con la Administración de Justicia una renovación enorme porque es evidente que somos los últimos en informatización.

¿Y por qué Hacienda puede informatizarse y no Justicia?

Porque es mucho más compleja Justicia que Hacienda. Nos hemos encontrado con un sistema informático que ya existe pero necesitamos mejorar muchísimo. Necesitamos , sobre todo, una reforma en profundidad de los métodos de trabajo.

¿Qué papel va a tener usted en la negociación para la reforma de la justicia? Hay quien dice que a ver si Alonso, que por encargo de Zapatero va a llevar el timón de la negociación, le roba la cartera.

Ja, ja, ja. Quien así habla ignora que el presidente no tiene que encomendarle a Alonso la renovación del Consejo. Porque es una competencia suya como portavoz parlamentario. Y lo es porque la competencia de renovar el Consejo pertenece al Parlamento.

Pero tendrá algo que decir como ministro. ¿O no?

La negociación anterior la llevó el señor López Garrido. El ministro de Justicia estuvo absolutamente coordinado con el señor López Garrido, pero la competencia es del Parlamento y el portavoz. Y naturalmente que estaremos muy coordinados y hablaremos muchísimo, como siempre ocurre.

Por cierto, le ha salido un nuevo frente con el SUP, que le llama defensor de terroristas por justificar al Supremo respecto al grapo absuelto.

Me parece una gran falta de respeto. Desde la enorme irritación que se puede sentir –la misma que yo siento, la que produce la frustración de ver que las cosas no han funcionado–, comprendo que alguien pueda subir el tono, pero acusarme de eso me parece una mendacidad. La sentencia del Supremo, dictada con el ordenamiento jurídico en la mano, debe ser respetada. Pero el CGPJ debe investigar un mal funcionamiento de la justicia que ha provocado que la principal testigo no estuviera presente en el juicio de la Audiencia Nacional.