Jueves, 3 de Abril de 2008

La Fiscalía pide 3 años de cárcel y 19 de inhabilitación para el juez Urquía

EFE ·03/04/2008 - 20:05h

EFE - El juez Francisco Javier de Urquía, para el que la Fiscalía Superior de Andalucía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado y 213.000 euros de multa.

La Fiscalía Superior de Andalucía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado y 213.000 euros de multa para Francisco Javier de Urquía por presunta prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal solicita además para el ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, tres años de prisión, 9 de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperador necesario del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.

La misma pena solicita la Fiscalía para un amigo común de ambos, Arnaud F.A., acusado de los mismos delitos que Roca en este procedimiento desglosado del "caso Malaya" abierto para investigar los presuntos pagos del ex asesor de Urbanismo al juez De Urquía.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mantiene que el 14 de marzo de 2006 Roca presentó en el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, en funciones de guardia y del que era titular De Urquía, una denuncia contra el dueño de una televisión local por un posible delito contra la intimidad y el derecho a la imagen en la emisión de un programa sobre él.

Con la misma fecha, De Urquía incoó diligencias previas por un posible delito de injurias y calumnias con publicidad, distinto al inicialmente denunciado, en virtud de un auto en el que ordenó la suspensión de la redifusión del programa y requirió al denunciado las grabaciones bajo apercibimiento del cierre de la televisión.

Sin practicar "diligencia probatoria alguna", De Urquía dictó el 15 de marzo un nuevo auto en el que, advertido de oficio el error de admitir a trámite la denuncia sin los requisitos obligatorios -presentación de querella y certificación de acto previo de conciliación-, decretaba la nulidad del anterior y el archivo de la causa, por lo que el programa volvió a emitirse con normalidad.

Roca, que conocía que su amigo, el también acusado Arnaud F.A., tenía una "íntima relación de amistad" con el juez, le pidió que usara su influencia para resultar beneficiado, según el fiscal.

Tras interesarse por el asunto, Arnaud llamó a Roca para comunicarle que su amigo el juez le había informado de los defectos que le llevaron a decretar la nulidad del auto inicial, así como de la forma en que éstos podían ser subsanados.

Como Roca tenía dificultades para entender a Arnaud, "intervino en la conversación el propio juez", que era "plenamente consciente" de que se dirigía al denunciante de las diligencias previas que él mismo había tramitado, y comunicó al ex asesor de Urbanismo los pasos procesales que debía dar, según el escrito del fiscal.

Conforme a lo hablado, Roca presentó una querella criminal que derivó en la incoación de nuevas diligencias en las que persistían las "irregularidades procesales" que determinaron el previo archivo de la causa y que derivaron en una nueva suspensión del programa.

Además, en los primeros meses de 2006 De Urquía decidió adquirir una vivienda y, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron a Roca para que les ayudara en la compra, a lo que éste accedió "consciente de la importancia" futura de contar con la ayuda de un juez.

Haciéndose pasar por el abogado del comprador, Roca realizó las gestiones telefónicas necesarias para cerrar el precio real de la operación, para lo que confeccionó un contrato privado de compraventa de 360.000 euros, cuyo pago se haría en tres veces.

Conforme a esas negociaciones -continúa el fiscal-, el comprador se comprometía al "pago en dinero B" y en el momento de la firma del contrato a otros 63.000 euros en metálico, por lo que el precio ascendía a 423.000.

Roca confeccionó el contrato en Maras Asesores, una sociedad unipersonal que "en realidad servía para gestionar" sus negocios.

El ex asesor de Urbanismo asumió el pago en metálico de 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, se los hizo legar al juez por mediación de Arnaud, asegura la Fiscalía.