El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial revisó el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla el pasado mes de noviembre y no detectó ningún retraso, a pesar de que su titular, Rafael Tirado, admite que la baja de la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias retrasó 600.

Con la intención de que se aclare esta circunstancia, el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, y los vocales de la minoría progresista Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, exigieron anoche “de forma inmediata y con carácter de urgencia” la comparecencia del jefe del Servicio de Inspección ante la Comisión Permanente (que sereúne los martes) para que informe de cómo se procedió a comprobar la situación en la que estaba el Juzgado y por qué no se detectó ningún retraso ni, en concreto, que no se había ordenado la busca y captura del presunto asesino de Mari Luz.

Distintos vocales, tanto progresistas como conservadores, negaron que lo sucedido en Sevilla signifique que las inspecciones ordinarias, que periódicamente se realizan en todos los Juzgados de España, deban revisarse.

Explicaron que permiten detectar irregularidades latentes, y hacen posible poner los medios para subsanar la deficiencia antes de que tengan consecuencias. De todos modos, entienden imposible que estas revisiones detecten, si es un caso aislado, que no se haya dictado una busca y captura para ejecutar una sentencia yafirme, como ocurrió en el caso de Mari Luz.

Nueva inspección

Tras lo ocurrido, el inspector del CGPJ Rafael Reyes Sáinz se desplazó ayer a Sevilla para revisar de nuevo y ya partiendo de un hecho concreto: que el juez Tirado no dictara la busca y captura de Santiago del Valle nada más ser firme su condena y comprobarse que había cambiado de domicilio, por lo que su paradero se ignoraba.

Con las conclusiones que obtenga sobre el estado de ésta y de otras causas, así como lo que le digan el juez y los funcionarios, el Servicio de Inspección elevará una propuesta a la Comisión Disciplinaria. La intención es que ya trate el asunto en su próxima reunión del 9 de abril, por la alarma social suscitada, aunque para ello tendrían que estar disponibles todos los datos necesarios antes del jueves próximo.

Aún es pronto para determinar la responsabilidad del juez Tirado, su caso podríaencajar como una muy grave de desatención o una grave de retrasos injustificados.