Archivo de Público
Lunes, 17 de Marzo de 2008

La Audiencia Nacional hurga en las heridas de Ruanda

Un juez investiga a 40 cargos del régimen por la muerte de españoles, ruandeses y también congoleños

ISABEL COELLO ·17/03/2008 - 18:51h

Paradojas del cargo: el juez español Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, podría ver pronto su nombre impreso en un auto de procesamiento emitido por la Justicia de Ruanda. El pasado 5 de marzo, el Parlamento del país africano recomendó a su Gobierno que inicie de oficio un proceso contra el magistrado, al que acusa de “negación del genocidio”, un crimen contemplado en las leyes ruandesas.

Andreu emitió el 6 de febrero orden internacional de arresto contra 40 militares o funcionarios ruandeses, pertenecientes al Frente Patriótico Ruandés (FPR), el ex grupo rebelde liderado por Paul Kagame que invadió Ruanda en 1990 y tomó el poder en julio de 1994, poniendo fin al genocidio de 800.000 tutsis y hutus moderados iniciado tres meses antes. El juez señala haber visto indicios de responsabilidad de los procesados en la muerte de nueve religiosos y cooperantes españoles en Ruanda y la República Democrática de Congo entre 1994 y 2000. Pero haciendo uso de la jurisdicción universal, el juez ha indagado en otros crímenes, como genocidio y crímenes contra la humanidad. De nuevo, ve indicios de responsabilidad en algunos de los funcionarios. A Kagame, presidente de Ruanda, le considera posible responsable, pero no le procesa porque como jefe de Estado tiene inmunidad.
Con su auto –sólo un alto en el camino de la instrucción del caso, que continúa–, el juez se ha adentrado en un territorio donde hasta ahora casi nadie –con excepción de Francia– se había atrevido: investigar los presuntos crímenes cometidos por el FPR.

Razones para el pánico

Teresa González fue la última persona que habló por teléfono con el cooperante de Médicos del Mundo (MdM) Manuel Madrazo. “Yo estaba en la oficina de MdM en Kenia. Nuestros cooperantes en Ruanda no habían pedido ser evacuados, pero sabían que estaban en un contexto peligroso. Manolo era mi amigo, siempre hablamos en argot andaluz, porque él creía que tenían pinchado el teléfono”, recuerda.

Corría el año 1997. Después del genocidio y la toma de poder por el FPR, mayoritariamente tutsi, más de un millón de hutus había huido al vecino Congo temiendo represalias. Muchos refugiados eran milicianos, habían participado en las masacres y tenían sangre en las manos. Otros eran civiles que no habían estado implicados. Ruanda había invadido los campos en 1996 y forzado el regreso masivo de los refugiados. Pero alegaba que los milicianos seguían en Congo y lanzaban ataques constantes en Ruanda.

Las llamadas operaciones de seguridad en el norte del país, donde trabajaba MdM, eran frecuentes. Según los querellantes, los cooperantes vieron fosas comunes donde el FPR arrojaba los cadáveres de civiles hutus inocentes. – Que no cunda el pánico –dijo Teresa ese día a Manuel para animarle. – Razones hay –respondió él. Al día siguente, Madrazo y sus compañeros Flors Sirera y Luis Valtueña fueron acribillados a balazos. González es hoy la presidenta de MdM, que se ha sumado a la querella interpuesta ante la Audiencia por el Foro de la Justicia y la Verdad en los Grandes Lagos en nombre de familias españolas y ruandesas. “Estamos contentos con la decisión del juez. Parece increíble que pueda llegar a juzgarse a los autores. Vuelves a ilusionarte y a creer que el fin de la impunidad es posible”, comenta.

La investigación de la Audiencia identifica a los supuestos responsables de la muerte de los cooperantes, pero también de seis religiosos españoles muertos en tres incidentes separados: el padre blanco Joaquim Vallmajó, cuatro maristas que asistían a los refugiados hutus –Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente– y el misionero Isidro Uzcudun. La Justicia ruandesa nunca juzgó a nadie por la muerte de los españoles.

El argumento de los querellantes es el mismo: los misioneros eran “testigos incómodos” de las matanzas que el FPR estaba cometiendo.

Graves abusos

Los informes de la ONU y las investigaciones de organizaciones de derechos humanos han explicado el genocidio ruandés como una política deliberada de exterminio de tutsis y hutus moderados impulsada por las autoridades hutus de Ruanda. Pero también han señalado que el FPR, en su avance para detener dichas masacres y en los años posteriores, cometió otras, en Ruanda y en Congo, que califican como “graves abusos contra los derechos humanos”, o incluso crímenes de guerra o de lesa humanidad. “La ONU tiene documentos oficiales sobre la matanza de los refugiados de Congo y, sin embargo, todo el mundo habla como si no existiera”, dice a Público Gérard Prunier, autor de Historia de un Genocidio. Según Prunier, los presuntos crímenes del FPR no han sido juzgados “porque la culpa occidental por no parar el genocidio es muy grande”.

La ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), Carla del Ponte, inició una investigación. Como respuesta, Ruanda boicoteó el tribunal y logró paralizar las sesiones por falta de testigos. Del Ponte fue apartada del cargo. Su sucesor, Hassan Jallow, dijo estar “mirando las investigaciones”. Eso fue en 2004. Las preguntas de Público sobre las investigaciones del FPR no han sido contestadas. El portavoz de Jallow sí dijo que las jurisdicciones nacionales “serán necesarias” para luchar contra la impunidad cuando el TPIR cierre.El juez español no ha esperado. Pero Prunier considera el auto de Andreu problemático. “Mezcla cosas verdaderas con otras que son una locura. Si añades comida podrida a un manjar, es difícil saber si el resultado es bueno o malo”, ilustra.

Prunier no cree que pueda hablarse de un genocidio contra los hutus perpetrado por el FPR. “Fue una política de terror deliberada”, estima el experto, cuyo próximo libro sobre el tema cifra en unas 100.000 las muertes responsabilidad del grupo. “La investigación es una buena idea, pero si el juez lo hace mal, su argumento perderá fuerza. Se ve que no está bien informado. Y el Gobierno ruandés usará la parte mala para quitar credibilidad a la buena”.

De hecho, en su reacción a la orden del juez, las autoridades ruandesas afirmaron: “La jurisdicción universal no exime al juez de conducir su investigación de modo imparcial. No le da derecho a negar el genocidio”.


Genocidio invisible

Técnicamente, no es que el juez niegue el genocidio; es que no lo menciona. En las 180 páginas del auto no utiliza en ningún momento ese término para referirse al genocidio de los tutsis, aunque sea de pasada o como parte del relato del contexto en el que sucedieron los otros delitos que investiga. El juez habla de “matanzas planificadas” y posteriormente del “tremendo exterminio” sufrido por los tutsis.

Lo delicado es que cualquier referencia a la historia reciente de Ruanda que obvie el término genocidio es inmediatamente equiparada a una negación de éste.El abogado de los querellantes, Jordi Palou-Loverdos, se defiende: “Las personas que representamos no niegan el genocidio contra los tutsis”, dice, y advierte de que el auto “no es una acusación, ni un juicio, sino una imputación de supuesta responsabilidad. El juez no establece la verdad. Sólo objetiva lo que ha investigado”. Pero Palou sí dice entender el genocidio “de otra forma”. “Ha habido víctimas tutsis, hutus y twas. Nos parece una definición más completa. Eso no significa que lo neguemos, sino que lo completamos. Es diferente”.

Denunciar al FPR es motivo de prisión

1. Juzgados por delitos menores

Ruanda está juzgando por un sistema de tribunales populares a decenas de miles de acusados de haber participado en el genocidio. Pero, según Human Rights Watch, no ha habido  ni un solo juicio al Frente Patriótico Ruandés (FPR) por cargos de crímenes contra la humanidad. Catorce militares del FPR han sido juzgados desde 1994, pero como criminales ordinarios. Las condenas variaron entre uno y tres años. Sólo uno de los juzgados era un oficial de rango mayor. Su condena fue invalidada en meses y pasó poco tiempo en prisión.

2. Hablar de matanzas es delito

Hablar de presuntos crímenes cometidos por el FPR está definido como una forma de ideología genocida en la actual ley de Ruanda. Celestin Sindikubwabo, un jefe local, testificó en un juicio en octubre de 2006 que varios soldados gubernamentales habían matado a supervivientes del genocidio y causado que otros huyeran a Burundi. Detenido días después, fue acusado de “minimizar el genocidio”, y sentenciado a 20 años de cárcel.