Miércoles, 10 de Octubre de 2007

Bloqueo de cuentas a un edil del PP

La juez embarga al concejal de Urbanismo de La Línea 3 millones de euros por presunto soborno

ALICIA GUTIÉRREZ ·10/10/2007 - 19:51h

La juez de instrucción número 1 de La Línea (Cádiz) ha ordenado el “bloqueo y embargo” de cuentas y acciones del concejal de Urbanismo del municipio, Carlos Ruiz Calama (PP), hasta cubrir 2.893.270 euros.

En un auto dictado el martes, la juez sostiene que ésa es exactamente la cantidad que pudo haber cobrado Calama como soborno a cambio de la adjudicación, en diciembre de 2005, de 2,2 hectáreas de suelo municipal  a la empresa Roseworld tras una subasta supuestamente amañada.

Calama está imputado junto con el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, también del PP, por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precio en subasta pública. Procedentes del GIL, a ambos se les ha retirado el pasaporte para evitar riesgo de fuga.

Que la juez cifre en 2.893.270 euros el monto sujeto a bloqueo no es casual. El 27 de septiembre, y tras la investigación  de la unidad policial contra el crimen organizado (Udyco), Calama reconoció ante la juez que, entre 2005 y 2006, recibió del administrador de Roseworld dos pagos que sumaban justamente 2.893.270 euros.

La clave de Lineatrans
El edil adujo que ambos ingresos procedían de la venta de una finca de su empresa “familiar” Lineatrans a Laxmi Developments SL, perteneciente al mismo entramado societario que Roseworld, compañía que ni siquiera figura dada de alta y cuyo administrador, Anil Thakurdas, está igualmente imputado.

La magistrada les una semana para justificar documentalmente esa operación. Ni Calama ni Thakurdas, subraya el auto, lo ha hecho. Según la Udyco, Laxmi declaró a Hacienda los dos abonos efectuados a Lineatrans. La empresa del edil, ninguno. La supuesta transacción no llegó a escriturarse, admitió el concejal.

Convencida de que tal venta fue el disfraz elegido para el soborno, la juez ha autorizado a la Udyco a investigar los activos de Calama en siete entidades financieras y ha enviado el expediente del caso a la fiscalía.