En todas las representaciones de la Dama de la Justicia, ésta aparece con una venda en los ojos como símbolo de la imparcialidad para resolver. Esa misma venda parece haberla usado el Gobierno cuando el pasado mes de mayo concedió el indulto al guardia civil Manuel Arbesú González. Da la casualidad de que se trata del hijo de un concejal del PP en el Ayuntamiento de Lena (Asturias), un dato que el Ejecutivo afirma que desconocía. Así lo sostiene en las respuestas que ha enviado a varios diputados del Congreso que le pidieron explicaciones por haber aplicado la medida de gracia a Arbesú González.

El agente había sido condenado por un delito de omisión del deber de perseguir delitos al grabar una agresión sexual con un teléfono móvil mientras se jactaba de lo que estaba viendo y sin poner los hechos en conocimiento de la Justicia. En los escritos que ha remitido a Gaspar Llamazares y Laia Ortiz (IU-ICV), Rosa Díez (UPyD) y Olaia Fernández Davila (BNG), Justicia subraya que el agente no fue indultado de un delito contra la libertad sexual ni de abuso o acoso sexual, sino por no cumplir con su deber de colaborar con la Administración de Justicia y denunciar los hechos que grabó.

En este punto deja claro que la medida de gracia no se habría aplicado si se tratara de un delito de abuso o acoso sexual o de violencia de género porque que el Gobierno "ha mostrado una especial sensibilidad" ante los mismos y mantiene "una estricta línea roja en materia de indultos por este tipo de delitos". Así, tras subrayar que nunca ha concedido indultos por estos delitos, apunta que "la última medida de gracia en tal sentido se remonta al gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero, que el 16 de diciembre de 2011 indultó de la pena de "tres años y tres meses de prisión impuestas a un condenado por tres delitos de abusos sexuales".

Tras este inciso, el Gobierno recalca que "las razones para la concesión del indulto son estrictamente técnicas y objetivas". Así, indica que tanto el tribunal sentenciador como el Ministerio Fiscal eran favorables al mismo, que la víctima no se opuso a su concesión y que se tuvo en cuenta que el beneficiario no tenía antecedentes penales y había pagado las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia.

"Además, figuran en el expediente cientos de firmas de apoyo a la concesión del indulto, tanto por parte de sus propios compañeros de la Guardia Civil, como por parte de los vecinos de Asturias", añade el Gobierno, quien subraya que el propio alcalde de Lena, Ramón Argüelles, de Izquierda Unida, apoyó con su firma la medida de gracia.

Su padre recogió firmas para conseguir el indulto

Uno de los concejales de ese consistorio es el 'popular' José Manuel Arbesú Santamaría, promotor de la recogida de firmas en favor del indulto a su hijo, una circunstancia que el Gobierno asegura que desconocía en el momento de la aprobación de la medida de gracia. "En cuanto a la relación familiar con un cargo local del Partido Popular, se desconocía el puesto del padre del condenado en el momento de la concesión del indulto", afirma el Ejecutivo.

Por último, insiste en que "se da la especial circunstancia de que en este expediente de indulto se unen todos los posibles elementos favorables que un expediente pudiera tener" y el caso "reúne sobradamente elementos de justicia, equidad y utilidad pública para el indulto, sin que se haya considerado para su concesión ninguna otra circunstancia que no sean las que se han expuesto".

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