EP - Varios billetes de euro.

Una de cada tres empresas que ha cerrado en España lo ha hecho acuciada por la morosidad, uno de los lastres que a juicio de los empresarios y autónomos perjudican el crecimiento en España. Preocupada por el alto índice de morosidad, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a las asociaciones empresariales, ha publicado una encuesta para medir su situación real en España, sobre todo después de que el Gobierno del PP impulsara el plan de proveedores el IVA de caja

Una de las conclusiones principales de la encuesta es que la morosidad bajó en 2013, tanto en el sector público como en el privado. En el primero, el plazo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 111 días, un 21% de reducción, pero en cualquier caso cuatro veces más de lo que marca la ley, que son 30 días. En 2012, las administraciones tardaban en pagar a sus proveedores 141 días. El avance es importante pero aún insuficiente.

Por lo que respecta al sector privado, el tiempo de demora en pagar está en 85 días, 8 menos que en 2012 y un 9% en términos relativos, pero lejos de los 60 días que estipula la ley. Peor dato ofrecen las empresas del Ibex-35: tardan en pagar 171 días, el triple de lo permitido. El ratio de impagadas también ha descendido ligeramente hasta colocarse en el 5,1%. Según Antoni Cañete, presidente de PMcM, "este sigue siendo inadmisible para el tejido empresarial español. Es, ni más ni menos, que el doble de la UE".  Y ese alto ratio tiene consecuencias: aumenta el coste de financiación de las empresas. 

Esta reducción de los plazos de pago se ha visto acompañada de otra no tan buena: la que da Hacienda a las empresas para pagar los impuestos. "Muchos de nuestros asociados nos cuentan que Hacienda está reduciendo los plazos", cuenta Cañete.

La morosidad está tan instalada en el día a día que el 75% de las empresas no exigen nunca o casi nunca intereses de demora, algo que no deja de sorprender a los responsables de la PMcM. De hecho, el 68% de las empresas firman contratos que incumplen la ley al superar los plazos de pago de 60 días. Ante esta realidad, los empresarios agrupados en la PMcM piden pasar a la acción: "Estos datos justifican la necesidad de un régimen sancionador, algo que reclaman el 94% de las empresas", asegura Cañete, quien recuerda que la introducción de un régimen de sanciones a quien no cumpla los pagos está en trámite parlamentario y ayudará mucho, sobre todo a los pequeños empresarios.

El 68% de las empresas firman contratos que incumplen la ley al superar los plazos de los pagos

Además de los pagos, otro caballo de batalla es el IVA de caja, una medida que el Gobierno aprobó el año pasado dentro del marco de la Ley de Emprendedores. Este plan, que establece que no se pague el IVA hasta haber cobrado la factura, iba a entrar en vigor el pasado 1 de enero, pero a última hora el Gobierno amplió el plazo hasta el próximo 31 de marzo. Sin embargo, desde la PMcM no dudan en calificar de "fracaso": sólo un 15% de las empresas o autónomos que podían acogerse a este plan lo han hecho.

Las bondades que vendió el Gobierno no son tales: muchos autónomos o pequeñas empresas son proveedores de grandes compañías. Pero a muchas de estas grandes compañías no les agrada trabajar con este sistema: aunque pagan en muchos casos a más de 150 días de plazo pueden deducirse de forma inmediata el IVA de las facturas en su declaración trimestral, aunque no las hayan pagado. Con el nuevo sistema, no pueden hacerlo hasta que esos pagos pendientes no estén abonados. "El IVA de caja es un fracaso. La norma establece que tiene que hacerse por acuerdo de partes y así no funciona: muchas grandes empresas amenazan a sus proveedores con no seguir haciendo negocio con ellos si se acogen al IVA de caja. Y claro, optan por no hacerlo", afirma Cañete. 

Los directivos de la PMcM dicen "aplaudir" el plan de pago a proveedores del Gobierno y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero alertan de nubarrones en el horizonte. Uno de ellos es que el dinero no llega a toda la cadena: las administraciones públicas pagan a las grandes empresas, que son las que normalmente hacen tratos con el sector público, pero las grandes empresas no pagan a los subcontratistas.

Otra nube negra, según la PMcM,  es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que puede gnificar "un paso atrás en la buena dirección que el Gobierno había seguido hasta este momento en materia de morosidad". La PMcM también ha pedido que se modifique el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público para que "las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra y acabar con la posibilidad de que se alarguen los plazos de pago mediante acuerdos entre las partes".

En opinión de Cañete, si no se modifican estas normas, "sin duda" la situación de pymes y autónomos a la hora de cobrar de acuerdo a los plazos legales empeorará. Por otro lado, la PMcM ha querido señalar que solo el 15% de las empresas que cumplían los requisitos para acogerse la IVA de caja se acogieron a esta medida, ya que "determinadas compañías estaban comunicado a sus proveedores que en caso de acogerse al IVA de caja no les contratarían más". cuya redacción de las disposiciones finales impulsa la ambigüedad y amenaza con aumenta los plazos de pago.