Lunes, 8 de Octubre de 2007

Acusan al Estado de la muerte de su hijo

Los padres de un niño de cinco años que murió de un tumor después de que colocaran un transformador en su casa denunciarán a tres ministerios por negligencia.

BEATRIZ LUCAS ·08/10/2007 - 23:53h

Jairo en una imagen familiar cuando su enfermedad estaba muy avanzada

Jairo Montilla tenía cuatro años cuando el Opencor de debajo de su casa en Gandía colocó un transformador eléctrico, en febrero de 2005. Ocho meses después, diagnostican al pequeño un tumor cerebral muy poco frecuente en menores de 17 años. Murió con cinco años, el 9 de octubre de 2006. Sus padres, Ricardo Montilla y Nicereta Concepción, pescaderos, creen que se lo causó el transformador.

Ahora piden responsabilidad al Estado por negligencia al salvaguardar la salud de sus ciudadanos, y por no haber protegido la inviolabilidad del domicilio. Le reclaman 120.000 euros por el riesgo soportado y 1.200 al mes hasta que la casa se libere del campo magnético. Antes tendrán que demostrar que la muerte del niño está relacionada con el aparato. "Es un crimen de Estado por omisión del deber de socorro", dice el documento de exposición de motivos de la denuncia. La familia considera que el Estado no les protegió de la violación de su derecho a la vida, la integridad física, la privacidad del domicilio y la protección de sus bienes.


Informes médicos
Cuando descubrió que un cable del transformador pasaba bajo el suelo de su piso, Nicereta comprobó que emitía valores desde 0,176 microteslas (uT) hasta 0,495 uT para consumos bajos, y desde 0,193 uT a 0,528 uT para consumos elevados.

Varios informes médicos aseguran que es peligroso estar permanentemente expuesto al electromagnetismo a partir de 0,3 ó 0.5. Pero un decreto del Ministerio de Industria del 2001 permite emisiones de hasta 100 microteslas. Por eso el abogado de la familia, José Luis Mazón Costa, que ganó la primera sentencia de condena por campos electromagnéticos, ha decidido denunciar a los Ministerios de Sanidad, Industria y Justicia por no cumplir sus obligaciones ya que "no informaron a la población de los riesgos que generan estas instalaciones".
La reclamación también apuntará durante el juicio al supermercado: Tiendas de Conveniencia S.A, dueña del transformador, y filial de El Corte Inglés.

Para ello, cuentan con el informe del doctor Gómez Perreta que atendió a Jairo. "Debemos de concluir que los valores de campos magnéticos medidos en la vivienda, sobre todo en las habitaciones de amplio uso y permanencia, están en el rango que la literatura médica considera niveles de riesgo para la salud porque se relaciona con la incidencia de tumores de sistema nervioso central en niños", dice el informe. Si la justicia española no les da la razón, tienen ya pensado el siguiente paso: el Tribunal de Estrasburgo.

 


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