Viernes, 15 de Febrero de 2008

La Unión Ciclista celebra la reapertura de la Operación Puerto

EFE ·15/02/2008 - 16:02h

EFE - La Audiencia Provincial de Madrid justifica su decisión de reabrir parcialmente la llamada "operación Puerto" contra el dopaje en la necesidad de investigar si hubo riesgo para la salud de los ciclistas a los que trataron los doctores Eufemiano Fuentes, en la foto, y José Luis Merino Batres.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha acogido con agrado la decisión del Tribunal Provincial de Madrid de reanudar la investigación conocida como 'Operación Puerto', que implicó a varios ciclistas de elite, sin dejar claro si alguno de ellos sería castigado.

El portavoz de la Unión Ciclista Internacional, Enrico Carpani, declaró: "Estamos muy contentos, porque estábamos en contra de la intención de las autoridades españolas de cerrar el asunto".

"Nosotros siempre hemos dicho que había que profundizar más. Las autoridades deben cumplir su cometido, y ahora pueden comenzar investigaciones adicionales para acercarnos a una solución final que sirva a los intereses del ciclismo y de los demás deportes", añadió.

Thomas Bach, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, también calificó la decisión de "buena noticia".

"Espero que la proceso vaya rápido y que los documentos se pongan a la disposición de las federaciones internacionales", comentó Bach.

Si los expedientes del caso se hacen públicos, podría facilitar la penalización de ciclistas por parte de las federaciones nacionales, pero parece probable que los corredores implicados podrían eludir un castigo legal.

En su fallo del jueves, el Tribunal Provincial de Madrid coincidió con la decisión original de no penalizar a los ciclistas y los médicos involucrados, porque el dopaje no era ilegal en España cuando se produjo el escándalo en mayo de 2006.

Aunque más adelante se publicó una nueva ley que condenaba el dopaje, ésta no puede aplicarse con efecto retroactivo.

Sin embargo, el tribunal ordenó al juez Antonio Serrano, que cerró el caso en marzo de 2007, que abriera una investigación en relación a la posibilidad de que los médicos involucrados en el dopaje pudieran haber violado las leyes de salud pública que regulan los tratamientos sanguíneos.

En caso positivo, podrían haber puesto en peligro la salud de los ciclistas que se sometieron a transfusiones con su propia sangre especialmente tratada. Esta técnica potencia el recuento de glóbulos rojos y está diseñado para mejorar el rendimiento del atleta.

El principal implicado es el doctor deportivo Eufemiano Fuentes, que fue arrestado en Madrid junto con otros sospechosos de proveer servicios de dopaje.

Los ciclistas, en cambio, no han hecho nada ilegal pero podrían ser sancionados por las autoridades deportivas, según el tribunal.

Fulgencio Sánchez, el presidente de la Federación Española de Ciclismo, dijo que aún no había leído el fallo, pero que no creía que la federación fuera a imponer ninguna sanción a no ser que el tribunal proporcionara nuevas evidencias contra los corredores españoles.

"Si no nos dan nada más, no tenemos motivo para abrir una investigación o sancionar a nadie", dijo en una entrevista en Milán.

También explicó que la federación debe contactar con la UCI "para ver si piensan que tenemos que hacer algo y el qué".

La investigación empezó con la redada de la policía española en las clínicas de Madrid y Zaragoza en mayo de 2006, en la que encontró bolsas de sangre, equipos de transfusión de sangre y esteroides anabolizantes.

Más de 50 ciclistas estuvieron implicados, incluido el campeón del Giro de Italia de 2006, Iván Basso, y el ganador del Tour de Francia de 1997, Jan Ullrich, que estaban entre los nueve corredores excluidos del Tour 2006 en la víspera de la carrera, tras ser asociados al escándalo.

Hasta ahora, las autoridades italianas han tomado la postura más firme contra los ciclistas implicados. Basso fue inhabilitado por dos años, mientras que Michele Scarponi fue suspendido por 18 meses, por su supuesta relación con el caso.

El pasado mes, el fiscal general de antidopaje del Comité Olímpico Italiano dijo que su investigación se estaba ampliando a 50 atletas extranjeros, lo que podía llevar a las autoridades deportivas a excluir a cualquier ciclista implicado de correr en Italia.