Jueves, 14 de Febrero de 2008

Tres años de cárcel para De la Rosa por el 'caso Grand Tibidabo'

Por apropiación indebida de 68 millones de euros. Ha quedado absuelto del delito de fraude fiscal

PÚBLICO.ES ·14/02/2008 - 12:21h

Javier De la Rosa, en una imagen de archivo. EFE

El empresario catalán Javier de la Rosa ha sido condenado a tres años de prisión por apropiarse de forma indebida de 68 millones de euros de la empresa Gran Tibidabo, que presidió hasta 1993, confirmándose así el acuerdo al que llegaron todas las partes excepto el abogado del Estado.

De la Rosa ha quedado absuelto del delito de fraude fiscal del que seguía acusado por parte de la Abogacía del Estado, que no se sumó al acuerdo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por la descapitalización de Gran Tibidabo, la Audiencia de Barcelona también ha condenado a un año de cárcel a Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), y al ex representante de Fitinvest, Ramon Fiter.

Tres meses de prisión para Manuel de Prado 

Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa, ha sido condenado a medio año de prisión, mientras que el empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal ha sido condenado a tres meses de cárcel. 

Por su parte, la ex administradora de la sociedad Pinyer, Carolina Malagelada, que inicialmente afrontaba cuatro años de cárcel, ha sido absuelta después de que la Fiscalía retirase la acusación porque la causa se dirigió contra ella cuando el delito de apropiación indebida ya había prescrito.

Según las mismas fuentes, en el caso de De la Rosa, la Audiencia tiene en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el caso tardó 13 años en llegar a juicio, y de reparación parcial del daño, tal y como solicitaba la Fiscalía.

Del delito de fraude fiscal también han quedado absueltos Cruells, Cerdà, Piñana y Malagelada, de los que les acusaba la Abogacía del Estado por el impago de 1,6 millones a Hacienda.

La sentencia deja abierta la puerta a los perjudicados personados en el proceso para que puedan ejercer acciones civiles y reclamar el dinero que se les debe.