Martes, 12 de Febrero de 2008

Sin derecho a Internet por descargar archivos

El Gobierno británico se suma al francés y prepara un proyecto de ley para desconectar a los usuarios que reincidan

B. S. ·12/02/2008 - 12:32h

Imagen de uno de los programas de P2P más conocidos, eMule. PÚBLICO

Primero fue Francia, y ahora Reino Unido. El futuro no se plantea halagüeño para los usuarios que descargan archivos sujetos a derechos de autor a través de la Red. La persecución dura ya varios años, con unas productoras y discográficas que no saben cómo tapar el agujero que dejan anualmente en sus arcas los millones de usuarios que descargan contenidos, y que ayer tenían un motivo para sonreir. 

El presidente francés Nicolas Sarkozy fue el primero en abrir la puerta a la posibilidad de cortar el acceso a Internet a los usuarios que descargan, definiendo su proyecto como "el futuro de una Internet civilizada". Y este modelo ha debido funcionar, porque en Reino Unido han optado por calcarlo.

En lugar de primar el acceso a la cultura de sus ciudadanos, el Gobierno británico, pese a insistir en que estos planes se encuentran en una etapa temprana, está preparando un proyecto de ley para obligar a los proveedores de servicios de Internet a dejar sin conexión a aquellos usuarios que reincidan en la descarga de archivos con copyright.

Al igual que sucede en el caso francés, los clientes sospechosos recibirán en primer término un aviso indicando que la actividad que realizan se considera ilegal. Si persisten en su actitud, el proveedor suspenderá temporalmente su acceso a Internet y, si aún así siguen descargando, se quedarán definitivamente sin conexión.

Facilitar los datos
Las autoridades británicas no descartan obligar a los proveedores a que faciliten a los tribunales los datos personales de los clientes que descargan archivos. No obstante, éstos podrían negarse a compartir esos datos, como ya sucedió en España con un caso entre Telefónica y Promusicae (Asociación de Productores de Música de España), y que se saldó con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se indicaba que esta entidad no podía obligar a las operadoras a revelar los datos de los internautas que comparten archivos por Internet. Pero la Unión Europea no excluye que cada Estado legisle en función de lo que considere adecuado, por lo que millones de usuarios podrían ver sus nombres en los tribunales.

Según indica el borrador del proyecto de ley, los proveedores de Internet no tendrán más remedio que cortar la conexión de esos usuarios, ya que de no hacerlo serán perseguidos legalmente. Este proyecto se plantea después de que compañías como BT, Tiscali, Orange y Virgin Media lleven varios meses negociando un sistema voluntario con productoras y distribuidoras de Hollywood sin alcanzar ningún acuerdo. Desde la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet se insiste en la idea de que éstos no tienen capacidad para identificar cada uno de los archivos que pasa por su red y que ellos no pueden responsabilizarse de unos contenidos que no alojan.

La ley ampara a los usuarios en España 

En España la situación es muy distinta a la de países como Francia, Reino Unido o EEUU, donde la descarga de contenidos es una actividad ilegal. La legislación española sólo contempla delito en la descarga de obras con copyright cuando el usuario va a lucrarse de alguna forma con ellas. Pese a tratarse de una actividad legal, las entidades de gestión intentan buscar fórmulas para acabar con la descarga y el intercambio de archivos. Así, ha habido intentos de cerrar varias páginas, alegando que sus propietarios se lucraban con ellas. Muy popular fue el caso contra ‘Sharemula.com’, una web de enlaces a descargas que fue cerrada bajo la acusación de ánimo de lucro por los beneficios publicitarios que obtenía. La causa finalmente fue sobreseída, ya que la página sólo contenían enlaces y no almacenaba la obra con copyright. Un caso similar es el de sitios como ‘The Pirate Bay’, una web de enlaces, o RapidShare, un sistema de almacenamiento en el que los usuarios suben los contenidos que desean, que también están siendo perseguidas.

En España, al no poder tomar medidas contra los usuarios por la vía penal, las entidades gestoras han intentado hacerlo por la vía civil. En ese camino se han encontrado con la oposición frontal de las operadoras, que se niegan a facilitar los datos de sus clientes amparándose en la ley. Mientras estas premisas no cambien, los usuarios españoles que descargan archivos pueden estar tranquilos. 


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