Según denuncian la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) y la Red de Medios Comunitarios (REMC), un número importante de profesionales de los medios de comunicación encuentran cada vez más dificultades para desarrollar sus labores en manifestaciones y concentraciones públicas, debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas. En un comunicado fechado el miércoles 26 de junio, ambos grupos expresan su preocupación por lo que consideran una escalada de violaciones de derechos de los periodistas y otros comunicadores sociales, especialmente en el caso de los fotoperiodistas, freelancers y colaboradores de publicaciones y emisoras sin ánimo de lucro.

La FESP y la REMC aseguran que los agentes no pueden exigir un "carné oficial" porque en nuestro país no existe un documento de carácter oficial que sirva para acreditar a un individuo como periodista,"ya que el Congreso no ha querido regular por ley la profesión periodística", lo que consideran una situación "totalmente anómala en la Unión Europea y en otros muchos países". Para ambos colectivos, exigir un carnet "inexistente" es una "clara vulneración del derecho a la información garantizado por la Constitución a todos los ciudadanos."

Del mismo modo, afirman que los chalecos u otras prendas de identificación -de uso optativo y no obligatorio- que entregan asociaciones y sindicatos para trabajar en concentraciones "no pueden servir de excusa para apartar a los periodistas y comunicadores de los lugares donde se produce la noticia y aislarlos en una pretendida zona de seguridad".

Ambos grupos denuncian también la pasividad que han mostrado los agentes en casos aislados "a pesar de presenciar cómo algunos ciudadanos agredían a periodistas mientras cumplían con su obligación", y recuerdan a los agentes que la seguridad de los informadores es su responsabilidad. La detención de dos fotoperiodistas en Madrid -a los que los policías acudieron a buscar a sus domicilios- es otro de los hechos denunciados, que ambos colectivos interpretan como "excesos de celo" que pueden estar ocultando "la intención de algunos agentes de amedrentar a los informadores".