El juez Elpidio José Silva.- EFE

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado este lunes no amparar al juez que encarceló al exbanquero Miguel Blesa, quien denunció estar siendo objeto de un "escarnio público" por parte de periodistas, fiscales y del propio presidente del Consejo, Gonzalo Moliner.

Fuentes del Consejo señalaron que su Comisión Permanente ha decidido por unanimidad inadmitir a trámite, es decir, rechazar de plano, el escrito del juez Elpidio José Silva pidiendo amparo frente a las presiones e injerencias que decía soportar como instructor del caso Blesa. La reunión de la Comisión estuvo presidida por su vicepresidente, Fernando de Rosa, ya que su presidente, Gonzalo Moliner, era una de las personas denunciadas por el solicitante de amparo, el juez Silva. El magistrado se sentía presionado por Moliner, varios representantes de la Fiscalía, y locutores radiofónicos como Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera, y reclamaba al Consejo que ordenase ordene el cese del "escarnio público" del que se consideraba objeto.

En su escrito, Silva se quejaba amargamente de Moliner por haber declarado que esperaba que los expedientes discplinarios que tiene abiertos llegasen "a buen fin", lo que el solicitante de amparo interpretaba cómo que deseaba que fuese sancionado. Añadia que no descartaba denunciar al presidente del CGPJ por injurias y hostigamiento en el ámbito laboral. También mencionaba en su documento al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix, a quien acusaba de haber insinuado ante los medios de comunicación que había cometido prevaricación, y advería que, si se querellaba contra él, él contestaría con una denuncia por acusación falsa.

Asimismo, el juez Silva señaló al periodista radiofónico Federico Jiménez Losantos, que le calificó de "peligro público" y le acusó de haber cometido un "acto liberticida y desvergonzado" al encarcelar al expresidente de Caja Madrid. Del mismo modo, pidió amparo frente a las declaraciones de otro locutor, Carlos Herrera, quien recuerda que le reprochó haber hecho objeto a Blesa de un "metisaca lagartijero". Para Silva, se trataba de manifestaciones calumniosas y denigrantes que, como las de la Fiscalía o Moliner, atentaban contra su independencia y hasta contra su integridad moral. En el mismo apartado señaló al expresidente de la CNMV Manuel Conthe, por publicar en su blog que veía indicios de prevaricación en la actuación del juez. Silva consideraba su independencia "totalmente violada" y su persona "humillada".

El juez denuncia el "acoso institucional y mediático" del que se considera víctima desde finales de 2012, tras la reapertura de la causa contra Miguel Blesa por el crédito de 26 millones de euros que concedió en 2008 a Viajes Marsans, cuando estaba presidida por Gerardo Díaz Ferrán, que era además consejero de Caja Madrid. Luego amplió la causa a la compra por la caja madrileña de un banco de Florida, que considera delictiva.

Al examinar el escrito de Silva, el Consejo ha diferenciado su petición de amparo frente a jueces y fiscales, de la referida a críticas periodísticas, y en ambos casos ha entendido que no cabía ni siquiera admitir a trámite la solicitud. La Audiencia de Madrid acordó la semana pasada anular la instrucción del caso Blesa, en lo referente al crédito a Díaz Ferrán, por irregularidades de procedimiento cometidas por el juez Silva.

El juez también acusaba en su demanda de amparo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Alvaro Domínguez Calvo, instructor del expediente discplinario abierto contra él por el Consejo, a quien tachaba de no imparcial. Y tampoco es de su agrado la fiscal del caso Blesa, María Jesús Armesto, a quien no descartaba denunciar ante los tribunales ordinarios, y el fiscal de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, a quienes implicaba en las actuaciones contra su independencia e integridad moral. En su escrito también se quejaba de trato denigrante y degradante recibido en el pasado, entre 2006 y 2010, por miembros del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de esa comunidad (donde ejerció como juez).

El juez tiene abierto desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario por el Consejo del Poder Judicial por dos faltas muy graves y una grave, que pueden desembocar en sanciones que van desde la multa económica a su expulsión de la carrera judicial.