Martes, 5 de Febrero de 2008

Sarkozy choca con los transgénicos

El Senado desvirtúa el proyecto que regulará el futuro agrícola

ANDRÉS PÉREZ ·05/02/2008 - 21:46h

El líder campesino José Bové, durante una protesta. AFP

El Senado francés inició ayer en medio de una fuerte polémica el examen del proyecto de ley que debe regular el cultivo de plantas transgénicas. Senadores de la mayoría conservadora han desvirtuado en semisecreto, en las reuniones en comisión, un texto en principio destinado a garantizar la no diseminación de genes mutantes en el conjunto de la agricultura.

Los 13 artículos del texto inicial pretendían equiparar a Francia con las directivas europeas sobre cultivo de transgénicos, garantizando que los genes de plantas resultado de manipulaciones -para experimentos o para comercialización- no se diseminarían a los cultivos naturales. Es un asunto extremadamente sensible en este país, donde un 72% de los consumidores, según los sondeos, no quiere consumir genes mutantes.

Para cumplir con ese objetivo, el presidente Nicolas Sarkozy y su ministro verde, Jean-Louis Borloo, se acomodaron en público a las reivindicaciones de las hiperactivas asociaciones ecologistas, que llegaron a contar con 15 activistas en huelga de hambre contra las plantas transgénicas.

Una de las piezas clave para esa garantía era el poder y la independencia que inicialmente se iba a conferir a la futura Alta Autoridad permanente sobre los transgénicos, en la que se reunirían científicos de la industria y del mundo campesino, y cuyos dictámenes sobre la peligrosidad de un cultivo particular serían vinculantes de facto.

Comité de sabios 

En comisión, los senadores sarkozystas han modificado de manera significativa ese dispositivo. Así, han previsto que sólo un comité científico de la Alta Autoridad, dominado por expertos de la industria transnacional de las simientes, tenga el poder de dictaminar de forma vinculante sobre la peligrosidad o la inocuidad de un cultivo transgénico. Por otro lado, sólo las asociaciones de consumidores -y no, por ejemplo, sindicatos campesinos- podrán apelar a esa Alta Autoridad.

La mordaza con guante de seda tiene, además, una guinda. El proyecto de ley cocinado por la mayoría conservadora descarta la perspectiva de crear un delito de "biocontaminación por transgénicos".

Por el contrario, sí prevé la creación de una nueva figura delictiva, destinada a poder meter en la cárcel hasta dos años a los culpables de siegas voluntarias de transgénicos. Esas siegas, que provocan batallas campales en Francia, son desde hace cinco años la forma masiva de protesta del mundo campesino y ecologista contra los transgénicos. Y esa protesta fue en su día la única manera de permitir que fuera escuchada la voz de quienes sostienen que todo cultivo de transgénicos es peligroso, en la medida en que la polinización cruzada difunde los genes mutantes a las plantas naturales.

Sorprende que el pasado 9 de enero la Alta Autoridad provisional sobre los Transgénicos dio la razón al movimiento de Segadores Voluntarios, al dictaminar que el maíz MON-810, único cultivo comercial mutante autorizado en Francia, era peligroso para las plantas naturales y la fauna. El Gobierno activó la cláusula de salvaguardia de la UE e instauró una moratoria, aún en vigor, contra el MON-810, convirtiendo a Francia en libre de todo cultivo comercial transgénico en 2008.

El nuevo texto da marcha atrás y refleja el zarzal en que se ha metido el Gobierno francés, presionado por una opinión pública en contra de los transgénicos y por las directivas europeas de 1998 y de 2001, cuya no transposición pueden costar a París multas que ya ascienden a más de 42 millones de euros.

 

La indeterminada proporción de genes mutantes

El proyecto de ley que ahora debate el senado francés instaura “la libertad de producir y consumir sin organismos modificados genéticamente”, pero se abstiene de fijar de manera explícita y con claridad el umbral prohibido de “presencia accidental” de genes mutantes en una cosecha originariamente natural.

La industria calcula que instaurar esa prohibición al 0,1% de genes mutantes equivaldría de facto a impedir indirectamente cualquier plantación de transgénicos.

Por su parte, los ecologistas calculan que fijar ese umbral en el 0,9% (nivel a partir del cual el etiquetado es ya obligatorio) equivaldría a autorizar la diseminación generalizada de los genes mutantes y, por ende, a prohibir cualquier cultivo natural.

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