Viernes, 5 de Octubre de 2007

Libertad provisional para la familia y los colaboradores de Pinochet

Fueron procesados ayer por su relación con las cuentas secretas del ex dictador. Todos están acusados de malversación de caudales públicos.

PÚBLICO.es ·05/10/2007 - 21:04h

El susto sólo les ha durado un día. El juez Carlos Cerda ha concedido la libertad provisional a los 22 detenidos del caso Riggs, incluidos la viuda de Augusto Pinochet y sus cinco hijos. El único que ha quedado excluido es el ex albacea del dictador Oscar Aitken, que ni siquiera ha comparecido ante el juez.

Con la decisión del magistrado, el caso queda en manos de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal deberá decidir mañana si otorga definitivamente la libertad a los procesados. A pesar del fugaz paso de la familia Pinochet por prisión, el caso ha desvelado el alcance de la corrupción que favorecía a los allegados al dictador.

Porque Pinochet nosólo ordenó miles de asesinatos y torturas atroces. También metió la mano en las arcas del Estado. Y no precisamente para sisar un poco de su asignación como jefe de una dictadura. El expolio del dinero de los chilenos fue mucho mayor: ascendió al menos al equivalente de 19 millones de euros, que se apropió para él y su familia.

Ahora, su mujer, sus cinco hijos y 17 de sus colaboradores más próximos aseguran que no saben nada de las 125 cuentas en el extranjero en las que el dictador atesoraba el fruto de su rapiña. Difícil de sostener, porque tanto Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, como sus cinco hijos figuran como titulares o autorizados en algunas de esas cuentas, de las que además cobraron cheques y recibieron transferencias.

Cientos de pruebas de varios países 

Los colaboradores del general, entre ellos, su secretaria personal y los jefes de la Casa Militar -una de las instituciones de las que salió el dinero malversado-, lo tienen también difícil para mirar hacia otro lado. Las acusaciones contra el entorno del general quedan documentadas en la causa del caso Riggs, conocido así por el nombre del banco estadounidense en el que Augusto Pinochet abrió algunas de las cuentas a lo largo de más de 20 años. No fue el único; también tenía dinero en bancos suizos y en otras entidades.

El instructor de este caso es el juez chileno Carlos Cerda. Este magistrado ha aportado cientos de documentos probatorios, entre los que se hallan el detalle de los movimientos bancarios, correspondencia militar de la época e información lograda gracias a diversas comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos, Suiza, Venezuela, Panamá, Alemania y las Islas Caimán.

En los 3.000 folios en los que expone los cargos contra Pinochet que salpican a sus familiares, se describe cómo entre 1973, fecha de inicio de la dictadura chilena, y 2003, el dictador y su esposa percibieron unos 20 millones de dólares (19 millones de euros) para los que el magistrado no encuentra justificación razonable. De ahí su presunción, de que este dinero procede de "los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile".

Para ocultar el dinero que había malversado, el dictador no reparó en medios: utilizó nombres y pasaportes falsos, evadió impuestos, firmó con rúbricas diferentes a la suya habitual y utilizó empresas fantasmas que operaban en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas.La viuda de Pinochet no tuvo que pasar por la cárcel; el miércoles tuvo que ser ingresada en un hospital donde permanece en calidad de detenida. Lucía Hiriart, de 83 años, sufrió una brusca subida de la tensión arterial.
Este caso entierra definitivamente las veleidades políticas de su hija mayor, que acariciaba la idea de proseguir el camino del sátrapa.

Ya antes lo tenía difícil, porque los Pinochet estaban cada vez más solos. La derecha chilena, que calló ante los asesinatos del régimen, ha vuelto la espalda a la familia en los últimos tiempos, pero sólo cuando supieron que el piadoso general había robado.Para su prole, no habrá privilegios. La presidenta Bachelet, ha subrayado que la Justicia debe seguir su curso.

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