Archivo de Público
Viernes, 24 de Agosto de 2012

José Chamizo:"Echamos de menos que la Conferencia Episcopal se manifieste sobre la crisis"

El Defensor del Pueblo de Andalucía, quien dejó temporalmente el sacerdocio en 1996 para ejercer ese cargo, pide a la jerarquía eclesiástica que en una situación tan crítica se pronuncie contra el sistema capitalista de los mercados financieros

JUAN JOSÉ TÉLLEZ ·24/08/2012 - 07:15h

José Chamizo alerta de la creciente precariedad de las ONG que asisten a los más necesitados.

Es el Defensor del Pueblo de Andalucía, desde 1996, pero su gestión ha trascendido al resto del Estado como ejemplo de compromiso con los excluidos, incluso cuando aún no estaba en cuestión el modelo del Estado del bienestar. José Chamizo de la Rubia (Los Barrios, Cádiz, 1949) colgó temporalmente los hábitos del sacerdocio para dedicarse a dicha función civil, pero no dejó de ser crítico con la propia jerarquía eclesiástica: "En la Iglesia --opina-- ahora mismo subsiste la manifestación de una dualidad que creo peligrosa para la institución. Los grandes grupos que se encargan de la justicia social o de la caridad en su seno están funcionando a tope, como es el caso de Cáritas. Creo que no se les puede pedir más. Hay muchos creyentes, monjas, curas, parroquias, que colaboran con las personas más desfavorecidas. Sin embargo, echamos de menos una manifestación de la Conferencia Episcopal hablando de la crisis. Sólo el obispo Munilla ha hablado de esta situación, pero la conferencia propiamente dicha no ha elaborado uno de esos documentos a veces tan bien hechos sobre la situación. Espero que en los próximos meses lo haga y exija al Gobierno central, y al autonómico, que se rechace el modelo capitalista-mercado financiero, como en algún momento ya advirtió curiosamente Juan Pablo II en alguna encíclica. Toda la Iglesia tiene que estar con la gente que lo pasa mal".

Su modelo de gestión al frente de la Oficina del Defensor de Andalucía, que asume también las competencias de Defensor del Menor, choca con otras formas de gestionar organismos parecidos. Por ello, durante las últimas semanas, se ha contrapuesto su perfil y el de Soledad Becerril como flamante Defensora del Pueblo a escala estatal, ya que sus actitudes ante las ocupaciones de supermercados por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores han sido notoriamente contrapuestas.

"En principio creo que a la defensora, al ser nueva en el cargo, hay que dejarle cien días de gracia, llamémosle así. Cualquier Defensor, sin embargo, hubiera tenido un poco más de tacto a mi modo de ver. Ella suele ser una persona prudente y tal vez se dejó llevar un poco por la dureza de las imágenes de dicha acción sindical. A mí también me llegaron llamadas de personas reclamando que hiciéramos algo al respecto. Y, de hecho, yo también llevé a cabo un pronunciamiento público matizando algunos extremos. El SAT es un sindicato con el que siempre he colaborado y seguiré colaborando, sobre todo en la ocupación de fincas públicas improductivas. Pero, en este caso, le pedí que procurasen no dar una imagen de violencia, porque ellos nunca han tenido ni esa imagen ni esa realidad violenta".

"Algunos fundamentalistas me acusan de que ya conocí en 2003 sobre el escándalo de los ERE"

Ahora, desde distintas cabeceras informativas, se ha llegado a acusar a Chamizo de estar al corriente de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, desde mucho antes de que estallase el escándalo: "Yo no sabía nada --niega--. Un grupo de fundamentalistas me ha querido adjudicar que mi conocimiento era de 2003 y 2004, cuando recibí una queja que han filtrado no sé si muy rigurosamente. Se trataba, entonces, de que unos mineros denunciaron que en un listado de las minas de Tarsis o Riotinto, no recuerdo muy bien de memoria, había gente incluida que no eran mineros. Inmediatamente admití la queja a trámite, hice varias llamadas, estuve en contacto con sindicatos, con la delegación del Gobierno y me dijeron que era la lista definitiva consensuada. Me dirigí al delegado de Trabajo de Huelva, quien me aseguró que se había reunido con los denunciantes, que les había pedido los nombres de las personas que no eran mineros y que estaban en las listas, pero se negaron a darlos. Así que se archivó el expediente porque no podíamos hacer otra cosa. El escándalo estalla mucho más tarde, hacia 2010".

"Me parece que por las dimensiones del propio escándalo no están siendo las cosas bien analizadas. Hay que tener en cuenta que gran parte del dinero de los ERE ha ido a parar a las manos que tenían que recibirlo. Eran trabajadores cuyas empresas tenían que cerrar y creo que en aquel momento de bonanza económica estaba bien hecho ese procedimiento. Hay que distinguirlo, en términos generales, de la gente que se ha colado y no pertenecía a las plantillas de fábricas o minas afectadas por los expedientes. Eso entra dentro de un delito o de un desfalco a la Hacienda pública. Está también lo que intenta demostrar la jueza que lleva el tema, la ligereza a la hora de otorgar dinero público, como parece que ha sucedido en algún caso por parte de responsables políticos. Todo esto es rechazable, condenable y la Justicia debe aclarar cuanto antes lo sucedido sin que paguen justos por pecadores".

Esta semana, entre silencios o declaraciones de imputados trufadas de anécdotas de paquetes de Marlboro y copas de gin-tonic, ha comenzado a funcionar una comisión de investigación sobre los ERE, en el Parlamento de Andalucía: "La comisión es un poco tardía -alerta Chamizo--. Está todo muy claro y la jueza está haciendo una investigación exhaustiva. No me gustaría que cayésemos de nuevo en lo que denuncié hace poco en el Parlamento y que tanto revuelo armó. No me gustaría que cayésemos otra vez en la eterna pelea de unos contra otros. Insisto en que la gente está ya hasta la coronilla de que todo acabe en una discusión entre partidos adversos sin voluntad alguna de consenso. La situación económica está cada vez peor y la gente quiere grandes acuerdos entre todos los partidos para hacer frente a lo que va a suceder".

¿Y qué va a suceder? Chamizo responde de inmediato: "A la gente le preocupa una intervención de España como ocurrió con Grecia, Irlanda o Portugal, aunque con matices. Incluso ya empiezan a aparecer artículos en prensa que ponen en cuestión la garantía de los depósitos bancarios. La gente está nerviosa, inquieta, todo esto lo está viviendo muy mal".

"Con la crisis, hay un repunte de la economía sumergida, pero también de los actos ilícitos"

Sobre todo en comunidades como Andalucía, eternas capitales de un paro que se agravó tras la explosión de la burbuja inmobiliaria: "Andalucía padece un plus mayor en esta crisis, debido al paro tan inmenso que hay y especialmente en provincias como la de Cádiz, con un clima social que comienza un poco a desquiciarse. La gente empieza a estar harta y a manifestarlo. Tenemos indicadores que nos hablan de un repunte de la economía sumergida, pero también de los actos ilícitos. Frente a la crisis, se buscan alternativas no muy legales como el incremento de los culeros en el tráfico de drogas. Hay días que detienen a treinta o cuarenta intentando traer hachís desde Ceuta en el interior de sus cuerpos".

"La Junta de Andalucía no sé si va a recortar o no, lo que sí sé es que no está pagando. Muchas entidades, de menores, de mayores, de drogas, están acudiendo a nosotros para decirnos que no pueden más. La coordinadora Despierta de la Línea ha anunciado hoy el cierre de puertas porque la Junta no paga lo que debe".

En Andalucía no sólo están en peligro políticas solidarias como las que se han venido vinculando a una buena gestión de la Ley de Dependencia, que ahora el Gobierno central deja huérfana, junto con importantes tijeretazos a los presupuestos autonómicos y a la propia autonomía política: "El gran riesgo es perder lo que tenemos. En el ámbito de la discapacidad psíquica, por ejemplo, que es ejemplar como funciona, en todos los sectores asistenciales, en drogodependencias y en un sector que reúne todas las características y todos los riesgos posibles en una situación crítica, como es la inmigración. Ya dije hace mucho que la pérdida de derechos de los inmigrantes era un preaviso de la pérdida de los derechos de los autóctonos. La realidad lo está confirmando. Ellos están perdiendo y nosotros también. Me parece denigrante que no tengan derechos normalizados o que se les pretenda negar el acceso a la salud".

Ahora, José Chamizo sigue siendo Defensor del Pueblo de Andalucía, pero desde febrero se encuentra en funciones. No falta quien sospecha que se ha levantado la veda contra su figura y que, no sólo desde sectores conservadores, se alienta una campaña contra él y contra lo que significa: "No, yo creo que no hay una campaña, sino la típica historia que viene de un determinado sector y que comenta que si llevo mucho tiempo en el cargo, no sé qué, no sé cuánto. Como campaña organizada, no creo que haya nada, pero se empiezan a mover hilos, no sé si contra este defensor en concreto o contra la institución. Me gustaría más que fuera contra el titular que contra la institución".