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Martes, 29 de Mayo de 2012

La Cámara de Cuentas lleva a la Fiscalía la filtración de informe "no oficial"

EFE ·29/05/2012 - 07:39h

EFE - La juez Mercedes Alaya a su llegada a la sede de los juzgados de Sevilla. EFE/Archivo

La Cámara de Cuentas pondrá en manos de la Fiscalía la filtración de la auditoría realizada sobre el caso de los ERE falsos, al no tener aún carácter definitivo, y no se hace responsable de un documento que considera "inexistente desde el punto de vista oficial" al no haber sido aprobado por el pleno.

En una rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, que ha estado arropado por los miembros del pleno de este órgano de extracción parlamentaria, ha salido al paso de la información que ha publicado el diario ABC sobre el borrador del informe definitivo que deberá aprobar en mes y medio el órgano.

La información aparecida ayer y hoy en este diario asegura que una auditoría monográfica de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los ERE advierte del incumplimiento de la ley por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, a la hora de desviar dinero al "fondo de reptiles".

El documento -no definitivo- cuestiona dos modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por Griñán como consejero, y también "pone bajo sospecha" una docena de operaciones del mismo tipo que, al superar el tope de 3 millones de euros, pasaron por el filtro del Consejo de Gobierno, presidido por Manuel Chaves.

López ha indicado que la "filtración interesada" de documentación interna de la Cámara y que para este órgano "no es oficial" supone un intento de "limitar y condicionar la labor de los equipos de fiscalización y del pleno" de esta institución, al tiempo que "pone en entredicho la independencia" de la Cámara de Cuentas.

El presidente del órgano auditor, que se ha mostrado convencido de que con esta filtración se pretende "condicionar la formación de la voluntad" del pleno de la Cámara de Cuentas en este asunto, y de manera concreta los "posibles cambios" que se pudieran producir para el informe definitivo "para mejorar su contenido y redacción".

La Cámara de Cuentas ha puesto en manos de la Fiscalía la posible vulneración del artículo 417 del Código Penal relativo a la revelación de secretos por parte de funcionarios, según López, quien ha anunciado también la apertura de un expediente informativo interno para buscar a quien filtró desde dentro el documento.

"No les quepa la menor duda de que el informe dirá lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, sin permitir manipulaciones interesadas", ha subrayado el presidente de la Cámara de Cuentas, quien ha aclarado que para que los informes sean considerados como definitivos deben pasar por una tramitación "garantista" en la que "puede variar su contenido" final.

El documento "filtrado" al diario ABC ha sido elaborado por tres auditores y dos técnicos, y posteriormente pasa a una comisión técnica -compuesta también por auditores- que podrán incorporar las alegaciones que consideren oportunas, para finalizar en el plenario de la Cámara de Cuentas que es el que aprueba el informe.

El presidente del órgano fiscalizador ha hecho hincapié en que la filtración de un documento "que no existe porque no es definitivo" puede acarrear la "indefensión" del ente auditado -en este caso la Junta de Andalucía-, y ha reiterado que lo que aparece publicado "no es opinión de la Cámara. No existe como opinión de la Cámara".

Preguntado sobre si ha recibido presiones o quejas por parte de la Junta tras la publicación del documento, Antonio López ha dicho que no ha habido tales presiones pero ha reconocido que recibió una llamada en la que se le expresó su malestar por que consideraba que se encontraba en posición de "indefensión".

La Cámara de Cuentas recibió, por parte de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz el 14 de abril de 2011, la petición de fiscalizar a la Consejería de Empleo durante 2001-2010, etapa en la que se produjeron las ayudas sociolaborales presuntamente irregulares por parte de la Junta.