La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ministerio de Fomento ha elevado al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil a fin de dinamizar el mercado del alquiler y que recoge entre otras medidas que la actualización de la renta no tenga que estar ligada al IPC.

Asimismo, se flexibiliza la duración de los contratos, y el plazo de prórroga obligatoria se reduce de cinco a tres años, y el de prórroga tácita de tres a uno. Por otra parte, y con independencia de la duración del contrato, el inquilino podrá desistir del contrato siempre que lo comunique con un mes de antelación.

La vicepresidenta ha señalado que estas medidas irán destinadas a flexibilizar y mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de los arrendamientos urbanos con el objetivo de potenciar el mercado del alquiler español, que tiene una menor amplitud que en otros países europeos.

Por otro lado, se ha acordado mejorar la regulación de las Socimis, las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario, flexibilizando los requisitos para que se constituyan más sociedades y fomentando la movilidad del mercado inmobiliario.

Exención temporal del 50% de las rentas por transmisión

 

El Gobierno anunció hoy la aplicación de una exención fiscal del "50% de las rentas derivadas de las transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre".

Así lo explicó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que se trata de una medida que tiene la finalidad de "dinamizar el mercado inmobiliario".

De esta exención se podrán beneficiar "siempre que no existan vinculación entre las partes", y se aplicará en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de los no residentes y en Sociedades.