Iberdrola reacciona ante los contactos que, según múltiples indicios, mantienen su accionista ACS y Electricité de France (EdF) para lanzar una opa conjunta sobre la eléctrica española. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, dijo ayer que, de existir, esa opa acabaría con la venta “a trozos” del grupo. Así, pidió un precio “muy atractivo”. Si no, trabajará para que “el valor de la compañía se maximice”, indicó.

El primer movimiento en esa línea llegó ayer. Iberdrola vendió su 4% en la petrolera lusa Galp, aprovechando que cotiza en máximos. Ha ingresado 500 millones de euros, incluyendo 386,5 millones de plusvalías. A esa venta podría unirse el 9,5% en Energias de Portugal, que Iberdrola tiene en la nevera y que vale unos 1.500 millones.

Ese dinero, más los 4.400 millones que ingresó con la salida a bolsa de su filial renovable, podría servir para engordar la empresa (sin excluir compras) para encarecer la hipotética opa, como ocurrió el año pasado con las adquisiciones de Scottish Power y Energy East, destinadas a frenar a ACS.

Aun con la posible opa en pañales, en el mercado gana fuerza la tesis de que, de lanzarse, EdF se quedaría con entre un 5% y un 10% del negocio de Iberdrola en España y con Scottish Power. ACS recibiría casi todo el negocio español. Su presidente, Florentino Pérez, descabalgaría a Galán y podría unir Iberdrola y Fenosa, como ansía. Un esquema similar al que pactó Galán con Gas Natural en la frustrada opa sobre Endesa.

Iberdrola, cuya cotización fue suspendida a primera hora de ayer, ganó al cierre un 3,58%, hasta 9,56 euros y Fenosa, un 5,49%, hasta 44,40 euros. Los analistas creen que, quien quiera Iberdrola, deberá pagar 13 euros por título: casi 65.000 millones .

Los contactos entre EdF y ACS no son oficiales, pero casi. La constructora dijo ayer a la CNMV que “no ha alcanzado acuerdo alguno”, pero no negó la aproximación, que el Gobierno dice ignorar pese a la reciente cumbre con Sarkozy (EdF es propiedad al 85% del Estado francés). El PP, de momento, no dice nada.

Los analistas creen que, pese a su sentido estratégico, la posible opa lo tiene difícil, por motivos políticos y por los blindajes vigentes en Iberdrola. Con cerca de un 30% del capital afín al presidente, esas restricciones benefician a su actual cúpula.