PACO CAMPOS / EFE - La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Que el plan de reinserción de presos anunciado ayer por el ministro del Interior supone un cambio sustancial en el discurso del Gobierno sobre ETA es hoy todavía más evidente. Hasta ayer, el partido que sustenta el Ejecutivo, el PP, había insistido siempre en que cualquier preso de la banda que quisera ser acercado a cárceles cercanas a su lugar de residencia tendría que pedir perdón a las víctimas. Ahora, en cambio, ese no parece ser un requisito indispensable.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado esta tarde aclarar si las disculpas son una condición sine qua non para poder poner fin a la política de dispersión que mantiene Instituciones Penitenciarias para los miembros de ETA desde hace dos décadas. 

Preguntada al respecto hasta en dos ocasiones, la vicepresidenta ha mencionado otras condiciones pero no la de pedir perdón. Ha dicho que los reclusos deberán manifestar una voluntad "clara, rotunda, decidida y solemne" de renuncia de la violencia así como el abandono de la banda terrorista. Solo así podrán acogerse al plan de reinserción que ha anunciado Interior.

Beneficios individuales

Ante las críticas que ha suscitado la iniciativa entre los colectivos de víctimas del terrorismo y dentro del propio PP, Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que el Gobierno "no negocia ni va a negociar con la banda terrorista" para buscar una solución de conjunto para los presos. "Los presos de ETA no pueden esperar nada de ninguna negociación ni relación del Gobierno con ETA. Su situación en nada va a depender de la situación de ETA", ha insistido

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno pretende "aplicar la ley en toda su extensión" y aplicar beneficios a los presos de ETA exclusivamente "desde un punto de vista individual". El plan solo afectará, por tanto, a "aquellos terroristas que de manera clara, rotunda, decidida y solemne decidan abandonar la banda terrorista".