HUMBERTO BILBAO - El exprimer ministro irlandés Bertie Ahern (tercero por la izquierda) lee la declaración final de la Conferencia de Paz de Donostia, el pasado 17 de octubre.

"Es razonable que nos alegremos por que la banda diga que deja definitivamente las armas, pero aunque es condición necesaria no es suficiente y tiene que dejar de existir" . El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pronunciaba estas palabras el mismo día en el que tomó posesión. Seis meses después la frase suena a toda una declaración de principios.

Porque, escudándose en la persistencia de ETA como organización, el Gobierno se ha mantenido inmóvil ante el proceso de paz abierto en el País Vasco. Hasta hoy. El Ministerio del Interior anunciaba por la mañana que el Ejecutivo realizará un pequeño gesto hacia los presos de la banda terrorista. El departamento que dirige Jorge Ferández Díaz lo disfrazaba como un plan de reinserción dirigido a los reclusos encarcelados por delitos de terrorismo .

La iniciativa supone un cambio sustancial en el discurso del Gobierno y del PP. El acercamiento de los presos a cárcelas cercanas a sus domicilios ya no estará determinado ni por la disolución de ETA ni por el perdón de sus integrantes a sus víctimas, como han defendido con uñas y dientes los conservadores en los últimos meses . Bastará con que el recluso se apunte al programa de reinserción del Ejecutivo y que, para ello, acredite el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido.

En la práctica, supone la prolongación de la política de dispersión. La excepcionalidad creada durante el periodo más sangriento de la banda seguirá vigente, y así lo ha manifestado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana . "El Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar la política antiterrorista", ha insistido. Además, ha recalcado que el plan no supone "ningún beneficio penitenciario" para los presos de ETA.

La Conferencia de Donostia

En los últimos seis meses, el Ejecutivo ha hecho caso omiso a los puntos que estableció el 17 de octubre la Conferencia de Donostia-San Sebastián que suscribieron, entre otros, el premio Nobel de la Paz y exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, así como todos los partidos políticos vascos a excepción de PP y UPyD.

La resolución del cónclave instaba a ETA a cesar definitivamente su actividad armada. La banda reaccionaba tres días después anunciando el fin de la violencia. Los observadores internacionales también emplazaron a los Gobiernos de España y Francia a que una vez que se formalizara el compromiso por la paz de ETA, aceptaran el inicio de las conversaciones para "tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto". Ese diálogo se mantiene paralizado, al menos de cara a la opinión pública.

Mientras tanto, Euskadi se mueve hacia las posiciones más soberanistas después de que la izquierda abertzale insistiera en apostar por vías exclusivamente pacíficas para defender sus postulados independentistas, y de que incluso expresara su "profundo pesar" por las "consecuencias derivadas de la acción armada de ETA" y por su "posición política" ante ellas. Los presos de la banda, por su parte, manifestaron el pasado día 12 su disposición al diálogo con el Gobierno en una entrevista en Gara.

El cambio se ha percibido, además, en las instituciones. En las elecciones municipales de mayo Bildu, la marca que asumió los postulados de la izquierda abertzale, se convirtió en la fuerza con mayor representación en Euskadi y el PNV, fue la más votada. Este mismo esquema se repitió seis meses después en las elecciones generales en las que los independentistas regresaron al Congreso de los Diputados bajo la marca de Amaiur. Y los sondeos auguran un panorama parecido para las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2013.