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Jueves, 12 de Abril de 2012

Sáez de Santamaría agradece las 3.600 aportaciones hechas a la ley de Transparencia

EFE ·12/04/2012 - 12:23h

EFE - La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáez de Santamaría. EFE/Archivo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría agradece las 3.600 aportaciones hechas a la ley de Transparencia, ha expresado hoy su agradecimiento a las más de 3.600 aportaciones que han hecho los ciudadanos al borrador de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Este texto ha estado sometido durante quince días a un trámite de consulta pública durante el que ha habido casi 80.000 visitas en la página web correspondiente, así como esas más de 3.600 aportaciones.

La vicepresidenta, en una declaración en la página web de Moncloa, considera positiva esa participación, agradece a todos ellos su contribución y expresa su convencimiento de que experiencias como ésta contribuyen a reforzar la democracia y los derechos que ampara.

Además, subraya que los ciudadanos han podido conocer de primera mano y participar en primera persona en la preparación de esta ley porque serán ellos sus principales protagonistas y beneficiarios.

En su agradecimiento, señala que aunque la economía centra el impulso reformista del Gobierno y para ello se han puesto en marcha numerosas iniciativas, el Ejecutivo es consciente de que la recuperación de la confianza pasa también por el fortalecimiento de las instituciones.

En ese contexto enmarca la ley de Transparencia, que califica de "una pieza fundamental" en ese objetivo porque estima que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de la democracia.

"Estamos ante una norma que hará que España deje de ser uno de los pocos países europeos sin ley de Transparencia y, por esta razón, queremos tener la mejor posible", señala la vicepresidenta.

Una ley completa en términos de obligaciones de transparencia de las administraciones y que, según ella, ha de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y reforzar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos.