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Miércoles, 11 de Abril de 2012

El Gobierno prohibirá las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros

EFE ·11/04/2012 - 07:32h

EFE - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, antes del comienzo en el Congreso de la sesión de control al Ejecutivo, en el que ambos responderán a cuestiones relacionadas con la amnistía fiscal o la reforma laboral.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el plan antifraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros "en las que intervenga un empresario profesional".

También ha dicho que quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25 % del valor del pago.

Rajoy ha avanzado esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la amnistía fiscal.

Al respecto, el presidente ha matizado que no se trata de una amnistía total puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8 % o del 10 % y ha defendido que esta medida "tiene sentido en la situación actual".

Ha insistido en que es una "medida excepcional", que sólo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013, razón por la que resulta "muy importante" mejorar los ingresos del Estado.

"Hemos subido algunos impuestos -hemos intentado hacerlo de manera justa y equitativa-, hemos recortado gasto público y en esta situación no queríamos subir más los impuestos y por eso esta medida tiene sentido", ha explicado.

Ha asegurado que es un procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ha hecho hincapié en que estará acompañado de un plan de lucha contra el fraude fiscal que será aprobado el próximo viernes.

Asimismo, ha recordado que en España se han adoptado medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y ha recalcado que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales porque la rentas que se regularizaron no pagaron nada.

Por su parte, Cayo Lara ha dicho ser consciente de la gravedad de la coyuntura económica, pero ha rechazado una medida que considera injusta, antisocial y premia el fraude.

En su opinión, la amnistía fiscal es inconstitucional, porque no respeta el principio de progresividad en el pago de los impuestos, además de inútil, porque no servirá para que aparezcan capitales no declarados.

Lara cree que sólo servirá para generar un efecto llamada a la insumisión fiscal y le ha propuesto al presidente que elabore un "plan serio" de lucha contra el fraude que incluya un incremento de la plantilla y los recursos de Hacienda.