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Lunes, 19 de Marzo de 2012

Los ministros europeos debaten hoy la reforma de la Política Pesquera Común

EFE ·19/03/2012 - 10:58h

EFE - Pescadores descargan las primeras capturas de verdel, también denominado sarda o caballa, en el puerto de Santoña. EFE/Archivo

España pedirá hoy en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que la radical reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que propone Bruselas se adapte a la realidad del sector e incluya ayudas para suavizar su impacto socio-económico.

Los ministros debatirán la reforma de la PPC a partir de un cuestionario de la presidencia danesa de turno de la UE centrado en los elementos más polémicos, incluido el objetivo de lograr el rendimiento máximo sostenible de las pesquerías en 2015 y la eliminación de los descartes (capturas que por su escaso valor comercial se devuelven al mar).

Fuentes de la presidencia indicaron que confían en que pueda haber un acuerdo de la UE sobre el enfoque general de la reforma pesquera a finales de este semestre, aunque reconocieron que no será fácil ante la dificultad que plantean algunos puntos.

En particular se refirieron a la prohibición de los descartes, un objetivo que exigirá "voluntad política y un gran esfuerzo" para que pueda salir adelante.

España, que representa cerca del 30 % del sector y es el Estado miembro con más peso en el ámbito de la pesca, "está de acuerdo en líneas generales" con las propuestas de la Comisión Europea, pero va a pedir flexibilidad en algunos de los objetivos planteados, indicaron fuentes comunitarias.

Por ejemplo, defenderá que el rendimiento máximo sostenible (RMS) "no es una línea roja que no se pueda modificar" e instará a aplicar un enfoque progresivo que permita fijar fechas posteriores a 2015 para algunas pesquerías, pese a la voluntad de la Comisión Europea de no aplazarla en ningún caso.

Sobre los descartes, España se opone a una supresión generalizada en 2015, ya que la tradición pesquera "no está preparada" y pide una modulación que atienda la situación de las pesquerías.

En cuanto a la transferencia de cuotas, España la apoya en el caso de algunos segmentos de flotas, pero pedirá que se excluya a la pesca costera y artesanal, añadieron las fuentes.

En la reunión, a la que asistirá el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se hablará también del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

España cree que este instrumento debería mantener las medidas financieras de acompañamiento para ayudar a alcanzar los objetivos de la reforma, ya que las "revolucionarias" ideas de Bruselas obligarán a algunos pescadores a abandonar la actividad.

La CE insiste, sin embargo, en que los cerca de 1.700 millones de euros que la Unión ha invertido en ayudar al desguace de barcos desde los años 90 no han logrado reducir el exceso de capacidad de flota, ya que en paralelo se ha producido la renovación de otros buques.

La propuesta de Bruselas plantea eliminar las ayudas previstas para compensar la paralización definitiva y temporal de la actividad de los pescadores, las ayudas al desguace y otras medidas socioeconómicas que, en el caso de España, ascendieron a 412 millones de euros entre 2007 y 2013.

Esas subvenciones desaparecerían por completo en el nuevo instrumento previsto.

Por último, la presidencia danesa presentará el lunes a los países unas conclusiones sobre la dimensión exterior de la política pesquera, texto que ya está cerrado y no se espera que sea debatido.

El documento hace hincapié en la necesidad de incluir el respeto de los derechos humanos en los acuerdos con los terceros países y de garantizar unas actividades sostenibles.

Por otra parte, el martes tendrá lugar un Consejo de Agricultura donde los países debatirán cómo lograr que la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), actualmente en negociación, implique una menor carga burocracia para las autoridades nacionales y los productores.

Fuentes europeas indicaron que el único elemento de la reforma sobre el que hay consenso hasta ahora es el rechazo de todos los países a un aumento de los gastos administrativos con la futura PAC.

Según un estudio de impacto de la Comisión, esos costes se incrementarían en un 15 % con la reforma prevista.