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Martes, 6 de Marzo de 2012

La juez imputa a Ángel Rodríguez de la Borbolla en la trama de ayudas irregulares

EFE ·06/03/2012 - 16:38h

EFE - La jueza Mercedes Alaya a su llegada a la Audiencia Provincial de Sevilla. EFE/Archivo

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas ayudas irregulares de la Junta de Andalucía, ha imputado a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra.

Junto a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, la juez ha imputado también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su persona de confianza, José María Sayago Lozano.

El auto de la juez explica que Rodríguez de la Borbolla habría obtenido 9.009.108 euros en ayudas concedidas, entre 1983 y 2003, por la Consejería de Empleo de la Junta mediante un "entramado de empresas" y "sin mediar solicitud".

En el caso de Rosendo y Sagayo, la juez señala que "a través de un entramado de empresas y valiéndose de sus contactos personales con la Junta" obtuvieron ayudas de la Consejería de Empleo de 29.074.760,26 euros.

El abogado de Rodríguez de la Borbolla, Adolfo Cuéllar, ha dicho a Efe que "mañana espera poder incorporarse a la declaración que va a prestar como imputado ante la juez Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía".

La implicación de su patrocinado en la causa se ha producido tras la petición de la propia Junta de Andalucía, quien pidió a la juez que imputase a otras seis personas: los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, y los empresarios Rafael Ávila, Alfonso Seoane, Eduardo Lora y José Enrique Contreras.

Rodríguez de la Borbolla declaró a la Guardia Civil que nadie se lucró con las ayudas de la Junta porque el negocio era "ruinoso" y aseguró que su única intención fue salvar el empleo, ya que Corchos de Cazalla tenía 87 trabajadores y Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) 37 empleados.

Según su declaración, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, le dijo que se trataba de un sector estratégico y que había que hacer algo para evitar su cierre

El exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) dijo a Efe el pasado 28 de febrero que solo intentó promover empresas, pero eran un mal negocio y tuvo que poner dinero propio y que no tiene "nada que ocultar" porque siempre actuó según las directrices que le marcó la Junta de Andalucía.