Viernes, 17 de Febrero de 2012

Recorte salarial a las cúpulas de las empresas públicas

El sueldo base no superará los 115.000 euros, pero el Gobierno no aclara el variable

A. M. VÉLEZ ·17/02/2012 - 13:27h

La crisis obliga: en 2010, les tocó a los funcionarios y miembros del Gobierno; ahora, muchos trabajadores ven cómo sus empresas les bajan el sueldo (un ajuste que facilita la nueva reforma laboral); y en breve les va a tocar a los directivos del sector público, muchos de los cuales ya vieron reducida su retribución como consecuencia del famoso decreto de mayo de 2010.

El Ejecutivo prepara un Real Decreto para reducir las retribuciones de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades. La cuantía de la bajada y el ahorro obtenido están por determinar, porque el Ejecutivo sólo ha decidido por ahora limitar el sueldo base de ese colectivo, que será de 105.000 euros anuales para las empresas más grandes, 80.000 euros para las medianas y 55.000 en las más pequeñas. Así, el sueldo base, incluyendo los pagos en especie (para vivienda, manutención, seguros y otros conceptos), caerá un 25%-30%, según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Hacienda todavía debe decidir la bajada de la retribución variable

Ahora, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe decidir cómo retoca la parte variable. Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguran que, en cualquier caso, el resultado final será una bajada de las retribuciones y niegan que esta vaya a ser testimonial. A la parte variable también se le fijará un límite máximo y estará ligada al cumplimiento de objetivos. Por tanto, "podrá perfectamente no ser cobrada", advirtió Sáenz.

Este colectivo, al que con la reforma laboral se puede despedir con siete días de indemnización y cuyas retribuciones se harán públicas (en muchos casos, no lo son), se había quedado fuera (al menos, legalmente) de los recortes establecidos por el decreto de mayo de 2010, por el que se bajó un 5% el sueldo a los funcionarios (y hasta un 15% a los miembros del Gobierno); muchos no estaban obligados al no ser funcionarios ni personal laboral de las empresas públicas, aunque la mayoría se bajó sus emolumentos.

Como ejemplos, Sáenz de Santamaría citó la retribución fija del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industrales (SEPI), que asciende a 200.600 euros anuales, con lo que la bajada será del 27%. En el caso de los astilleros Navantia, su consejero delegado cobrará, en total, un 28% menos, y el de la minera Hunosa, un 23%.

El tamaño de los consejos se reducirá y saldrá un centenar de vocales

Además, se limitará el tamaño de los consejos de administración de estas entidades: a 15 miembros en grandes empresas públicas, a 12 en las medianas y a nueve en las pequeñas, lo que supondrá el despido de, "al menos", un centenar de vocales, indicó Sáenz, que cifró el ahorro en dietas en un millón de euros. Muchos vocales de empresas públicas como Renfe, Adif o Aena son también secretarios, subsecretarios de Estado o directores generales y ya tienen sueldo por esa función (no pueden cobrar dos salarios a la vez), por lo que esa retribución se ingresa en el Tesoro Público.

La vicepresidenta admitió que el Gobierno es consciente de que la bajada puede desincentivar la captación del talento en el sector público, pero aseguró que se ha intentado "buscar un equilibrio". Sáenz de Santamaría descartó, en el marco de las medidas de ahorro del Gobierno, modificaciones de la pensión de dos años que reciben ex secretarios de Estado y exministros para compensarles por la prohibición de trabajar en ese tiempo en actividades incompatibles con su antiguo cargo.

La vicepresidenta anunció una próxima auditoría de las cuentas de RTVE por parte de la SEPI y aseguró que se estudia que el ente público y la agencia Efe compartan servicios para "ahorrar costes que en ocasiones se duplican" y ganar "eficiencia".

En pocas semanas, según Sáenz de Santamaría, llegará al Consejo un informe para reducir el sector público empresarial a nivel estatal, en paralelo a los estudios autonómicos y locales con este mismo objetivo.