Jueves, 4 de Octubre de 2007

Narbona: "Será el fin de una relativa impunidad"

La Ministra de Medio Ambiente cree que el mayor beneficio de la ley es que “promueve la prevención”

ARTURO DÍAZ ·04/10/2007 - 23:44h

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona

Se nota que Cristina Narbona está contenta. La Ley de Responsabilidad Medioambiental consiguió ayer la unidad de los partidos durante su votación definitiva en el Congreso. La norma supone que todo aquel que cause un daño al medio ambiente costee su reparación, asegura la ministra.

¿Qué cambiará a partir de la entrada en vigor de esta ley [tras publicarse en el BOE]?

El cambio será fundamental. Significa que desde, ese momento, habrá en España 5.000 empresas industriales, 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y un millón de explotaciones agrarias que tendrán que reparar los daños que produzcan en el medio ambiente.

Pero las conductas lesivas contra el medio ambiente ya estaban contempladas
en los tipos penales.

Sí, pero la nueva ley se aplicará aunque no haya delito. Queda así fijado el principio de responsabilidad objetiva que consiste en que la norma se aplicará cuando se produzca un daño, haya o no culpa, haya o no negligencia.

Es decir, que otra Bolidén tendría que pagar los daños por el vertido pese a todo.

Eso es. Termina un periodo de relativa impunidad. Hasta ahora, muchos de los costes de reparación de las agresiones al medio ambiente las pagaba el Estado, los contribuyentes. Estamos descontaminando los lodos del pantano de Flix a cuenta del presupuesto. Desde ahora eso correrá a cargo de los que ejerzan la actividad productiva.

O sea, el que contamina paga.

Vamos un paso más allá. El que contamina repara, restaura el daño.

¿Cómo promueve la nueva norma la prevención en este campo?

Al ampliarse la exigencia de responsabilidad, las empresas se verán más incentivadas para prevenir posibles daños. Deberán tomar medidas para evitar agresiones. Éste será el principal beneficio de la ley a largo plazo.

La norma traspone una directiva comunitaria…

Somos de los primeros países en adoptarla a nuestra legislación.

¿Se amplía el nivel de protección respecto a la directiva europea?

Sí . Desde 2010, las empresas deberán asumir unas garantías financieras obligatorias para ejercer una actividad que afecte al medio ambiente. Esto ha sido lo más complejo de elaborar en la nueva ley. Aparte de que exista o no una garantía económica que asegure los posibles daños, hay que insistir en que el principio general de la ley es la obligación de reparar.

¿Este requisito financiero entorpecerá las actividades económicas en el medio rural?

No será un freno. Se contempla un tratamiento especial para las pequeñas explotaciones agropecuarias, aunque si se produce un daño, se tendrá que enmendar. Hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias para llegar a un acuerdo satisfactorio en este sentido.

En general ha habido pocas críticas a su iniciativa durante su tramitación de la Ley.

A diferencia de otras normas en materia medioambiental, ésta ha conseguido un gran consenso. No ha recibido enmiendas a la totalidad. La base social que apoya esta ley es muy amplia.

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