Jueves, 4 de Octubre de 2007

Quien contamine, reparará el entorno

La nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental no afectará a los vertidos de petroleros ni a instalaciones nucleares

MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE ·04/10/2007 - 22:10h

Peces muertos en el río Guadiamar tras el vertido de Aznalcóllar

Las empresas con actividad en España que hayan provocado daños al medio ambiente deberán pagarlos, y limpiarlos. La Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados por unanimidad, obliga a las empresas a pagar por el daño cometido y a restaurar el ecosistema contaminado. La norma, que traspone una directiva europea, pretende que los daños al medio ambiente, como los vertidos a los ríos, no queden impunes y que, sobre todo, el Estado no tenga que costear su reparación.

La ley afecta a más de 5.000 industrias, 30.000 empresas de transporte de mercancías, un millón de explotaciones agrarias y las actividades consideradas potencialmente dañinas para el entorno –como son las de gestión de residuos y sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios– y las afectadas por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, como empresas químicas. Sin embargo, no están incluidas las instalaciones nucleares, los fenómenos naturales, y las actividades de defensa nacional. Tampoco están cubiertos por esta normativa los daños al aire, contemplados en la próxima Ley de Calidad del Aire, ni los vertidos de hidrocarburos marítimos, regidos por la normativa internacional. El Prestige, así, no podría haberse sometido a esta ley.

Reparar aunque no haya culpa

Una de las novedades de esta nueva legislación es que no es necesario que se demuestre el dolo, culpa o negligencia para que la empresa deba restaurar el daño causado. Basta con que las autoridades establezcan el origen de la contaminación para que la empresa responsable tenga que reparar el entorno. Además, para que la norma pueda ser efectiva y las compañías restauren el patrimonio sin declararse insolventes, se establece la obligatoriedad de que las empresas que puedan causar un daño superior a dos millones de euros suscriban una garantía financiera, es decir, un seguro, aval bancario o reserva técnica. Las que puedan ocasionar un daño entre 300.000 euros y dos millones de euros deberán, por su parte, tener esta garantía financiera o adherirse a un sistema de auditoría ambiental.

La garantía financiera, que se introducirá gradualmente a partir de 2010, es una novedad incluida en la norma española, que no recoge la directiva comunitaria. Acabar con la sensación de impunidad frente a las catástrofes ambientales es uno de los objetivos de la norma, y por ello se contemplan todos los daños a recursos naturales como agua, costa, suelo, y hábitat naturales y especies silvestres protegidas.

El patrimonio de todos empieza a tener un valor, y esta vez se cuantifica en dinero. Así, la cobertura de la garantía financiera obligatoria será como máximo de 20 millones de euros. “Es una cantidad considerable, aunque casos como el de Flix ha costado más de 150 millones de euros, pero son muy excepcionales”, explica la diputada socialista Monserrat Colldeforns. “La ley va dirigida a las pyme, que contaminan por una falta de conciencia, y que van a tener que cambiar y ser más cuidadosos”, añade. Con esta norma comienza una nueva etapa para empresas y la naturaleza.

183 millones de gasto público en limpiar 

Uno de los objetivos de la nueva ley es que quien contamine pague y restaure, y que no sea el ciudadano el que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, corra con todos los datos. Durante los últimos siete años, el Ministerio de Medio Ambiente ha gastado 183 millones de euros en reparación de daños ambientales, de los que 113 millones se han destinado a descontaminación de suelos. En la normativa aprobada ayer se estima que el coste de constitución de garantías financieras ascenderá a 100 millones de euros anuales, aunque en los últimos años las empresas han gastado en prevención de riesgos ambientales 2.000 millones, según el Ministerio.

A pesar de que la organización Ecologistas en Acción considera la nueva norma un “avance” en la protección del medio ambiente, existen flecos que pueden tener un impacto negativo. Así, apunta a que la norma que se va a aplicar a empresas españolas aquí, se podría trasladar a las actividades que realizan en el extranjero, en casos como “las extracciones de Repsol en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) o la Loma de la Lata (Argentina); las presas de los ríos Bio Bio, Baker y Pascua (Chile) de Endesa; o los complejos urbanísticos en República Dominicana de Globalia”.

Al igual que la legislación española ha juzgado a ciudadanos no españoles, Ecologistas en Acción argumenta que debería haber un cuerpo jurídico que permita buscar las responsabilidades internacionales de las acciones de españoles en el extranjero, en los casos que atenten contra el medio ambiente y provoquen daños al patrimonio. 

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