Lunes, 23 de Enero de 2012

Morenés deberá aclarar si pagará a su antigua empresa

La firma exige 40 millones por sus bombas de racimo

E. HERRERA ·23/01/2012 - 08:00h

El ministro Morenés, de visita en Afganistán.

La diputada de ICV en el Congreso de los Diputados Laia Ortiz quiere que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, aclare si el Gobierno pretende compensar a la empresa de fabricación de armamento Instalaza, por la adscripción de España al convenio que prohíbe el uso, almacenamiento y fabricación en España de bombas de racimo como las que fabricaba dicha compañía. Morenés fue consejero de esta sociedad entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín. Sin embargo esta empresa ya había anunciado en mayo de 2011, cuando Morenés era su representante, que pediría una compensación económica al Ejecutivo en concepto de daño emergente y lucro cesante.

Utilizadas por Gadafi

Según ICV, que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre este asunto, en 2009 Instalaza "todavía mantenía la bomba de racimo MAT-120 en el catálogo de su web", a pesar de que se trataba de un equipamiento militar prohibido en España.

En el escrito, la diputada recuerda que, según diferentes ONG, las bombas de racimo MAT-120, que fueron utilizadas por Gadafi en sus ataques a la población libia de Misurata fueron producidas por Instalaza.

En este contexto, Laia Ortiz pide conocer en qué situación se encuentra la reclamación y si el Gobierno considera que debe compensarse a empresas privadas por cumplir los tratados internacionales adoptados por España.

Para la parlamentaria de ICV, este hecho pone en evidencia que existe un "conflicto de intereses" entre la actividad privada anterior de Morenés y su nueva tarea como cargo público.

"Esto es sólo un ejemplo práctico más, pero nos parece lamentable que el nuevo ministro de Defensa tenga este tipo de relación con el sector privado. Es algo que dista mucho de los que debería defender un cargo público", afirmó Ortiz.

ICV también pregunta a Morenés sobre qué medidas deberá llevar a cabo el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de la Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Dublín en el año 2008.