Archivo de Público
Viernes, 30 de Diciembre de 2011

El abogado de Camps tira de victimismo ante el jurado popular

Trata de presentar el proceso penal como un gran montaje cuya víctima es el expresident

BELÉN TOLEDO ·30/12/2011 - 02:51h

Francisco Camps.

"Este letrado jamás va a renunciar al derecho de defensa". La frase fue pronunciada ayer en la décimo cuarta jornada del juicio de los trajes por Javier Boix, abogado de Francisco Camps. Fue su manera de reprochar al juez, Juan Climent, que no le permitiera hacer una pregunta por considerarla improcedente. El juez respondió a su advertencia con ironía: "Espero que no lo haga nunca jamás, ni usted ni ninguna de las partes".

El enfrentamiento es una muestra de la estrategia principal de la defensa del expresident valenciano. Se trata de presentar el proceso penal como un gran montaje cuya víctima es Camps. En esta línea, las dianas preferidas del político valenciano y su defensa son la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por el PSOE y el propio juez, al que Camps recordó su pasado como colaborador del gobierno autonómico socialista de los años ochenta.

En los últimos días, Boix ha aprovechado una prohibición del juez para reprochar al juez su supuesta arbitrariedad. La excusa ha sido la declaración de una veintena de altos cargos de la Generalitat que intervinieron entre 2005 y 2008 los años en los que Camps recibió presuntamente los trajes como regalo en adjudicaciones de contratos públicos a la trama Gürtel las empresas que hicieron las supuestas dádivas a Camps.

Boix pretendía preguntarles si Camps les dio indicaciones para favorecer a la trama. Pero Climent se lo impidió porque la cuestión se salía del objeto del proceso. La razón de la negativa es que Camps está siendo juzgado por aceptar presuntamente trajes como regalo (lo que supondría un delito de cohecho impropio) pero no por favorecer ilegalmente a los empresarios que le agasajaron (hechos que traerían consigo la comisión de cohecho propio). Se da la circunstancia de que fue Boix el que durante la instrucción se opuso reiteradamente a que ambos supuestos hechos se investigaran conjuntamente. Así, el letrado consiguió salvar a su cliente de las hipotéticas penas asociadas al cohecho propio, mucho más elevadas que las del impropio.

Así las cosas, es el propio abogado el responsable de que sus preguntas sobre los contratos públicos no fueran aceptadas. Esto no fue óbice para que Boix repitiera dos veces la misma pregunta en cada uno de los testigos, a sabiendas de que iba a ser rechazada. Así consiguió que el jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar, presenciara una y otra vez la prohibición por parte del juez de formular la pregunta. El letrado se quejó elocuentemente en cada ocasión, y acusó al magistrado de discriminarlo frente a las acusaciones.