Las 32 personas afectadas por el impago de sus contratos en la pasada edición del Festival de Mérida, cuyo monto asciende a los 50.000 euros, se han marcado un plazo: si el 15 de enero no han cobrado por su trabajo interpondrán las acciones legales correspondientes al Patronato que rige el certamen y del que forman parte el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura.

Así lo confirmaron ayer a Público Luis Villa y Alberto Fernández Palacios, los abogados que representan a los actores, músicos y demás personal teatral damnificado, principalmente de la obra La asamblea de mujeres. "Al Patronato ya se le han dado unos plazos que no ha cumplido. Estamos trabajando en las demandas, porque, si en un mes, como máximo, esto no se soluciona, lo que no podemos hacer es dejar a todas estas personas desprotegidas", recalcó Villa, quien también destacó otras irregularidades del festival, como no dar de alta en la Seguridad Social y no facilitarles la documentación para poder obtener las prestaciones de desempleo. "La vulneración de derechos ha sido flagrante: ni te pagan ni te permiten cobrar el desempleo", apostilló el abogado.

No obstante, antes de tomar esta decisión, tanto los letrados como los trabajadores del teatro quieren llegar a una "solución negociada, global y única a todo el problema". "Desgraciadamente, el mundo de la Justicia va lento y esto no admite demoras. Si se soluciona todo este mes, todo el mundo se queda tranquilo", manifestó el abogado.

Sin dinero, no hay trajes

Entre los responsables de este desaguisado sobresale el nombre de Pedro Manuel Salguero Moreno, encargado de suscribir los contratos. "Durante el transcurso del festival, la Comisión Ejecutiva del Patronato ya le pidió explicaciones porque desconfiaba. Y cuando se le pidió la dimisión, él se negó porque tenía un contrato laboral. Así que él está protegiendo sus derechos mientras que mucha gente se haya totalmente desprotegida", explicó Fernández Palacios. A fecha de hoy, Salguero Moreno "se encuentra apartado de su cargo, aunque esto no significa ni despedido ni procesado", añadió.

Ayer, varios de los actores y figurinistas expusieron sus problemas con el festival. Algunos comentaron que sí lograron cobrar, no sin ciertas amenazas. "Yo lo dije muy claro: ¿no hay dinero? No hay trajes", manifestó el figurinista Pedro Moreno. Otros actores lograron sus emolumentos porque fueron pagados directamente por la Junta.

"Durante el festival ya sabíamos que existían problemas, pero dimos nuestro voto de fe porque no queríamos perjudicar al mismo", apuntó el actor Antonio Gil, que participó en la obra Antígona. El intérprete, que conoce bien la escena internacional, aseguró que la situación con la que se ha encontrado en Mérida "no la había vivido nunca. Nos gustaría poder agotar todas las vías antes de poner una demanda, pero esto no beneficia a nadie. El festival debe ser regularizado, transparente y legal", concluyó.