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Jueves, 15 de Diciembre de 2011

Los sindicatos estudian llevar a la Generalitat a los tribunales por impago

EFE ·15/12/2011 - 10:10h

EFE - Los portavoces de los sindicatos que negocian los recortes salariales con la Generalitat, Josefina Pujol (d), de CCOO, Xavier Casas (2i), de UGT, y Lluís Blanco (2d), de IAC, conversan con el secretario de comunicación del gobierno catalán, Josep Marti (i), tras intentar entrar a la rueda de prensa del conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en la que anunció que sólo garantiza que los trabajadores públicos cobrarán a tiempo el 80 % de la paga extra y que el 20 % restante lo recibirán más adelante.

Los sindicatos de la función pública se plantean llevar a la Generalitat a los tribunales por el previsible retraso con el que los empleados de la administración catalana cobrarán una parte de la paga extra de diciembre, al tiempo que han adelantado nuevas movilizaciones.

Los representantes de CCOO, IAC y UGT han respondido así al anuncio que ha hecho hoy el Govern de que sólo garantiza que los trabajadores públicos cobrarán a tiempo el 80 % de la paga extra y que el 20 % restante lo recibirán más adelante, sin precisar cuándo, por problemas de tesorería de la Generalitat derivados del impago por parte del Gobierno español de 759 millones pendientes del Estatut.

"No nos quedaremos parados ante esta decisión", ha advertido en declaraciones a los periodistas el portavoz de UGT, Xavier Casas, que ha asegurado: "estamos en disposición de emprender acciones contra la Generalitat".

La portavoz de CCOO, Josefina Pujol, también ha subrayado: "si el Govern no paga cuando le toca pondremos nuestros servicios jurídicos a trabajar contra este impago de nóminas".

Por su parte, Lluís Blanco, de la IAC, ha asegurado que la demora en el pago de parte de la paga extra es "inaceptable" y ha denunciado que, con medidas como ésta, la Generalitat pretende "meter miedo" a los más de 200.000 funcionarios y empleados públicos.

Los sindicatos han expresado su indignación por el trato que reciben de la Generalitat, que había convocado una rueda de prensa para dar a conocer su decisión de retrasar el pago de nóminas mientras rechazaba adelantar esta información a los representantes de los trabajadores con los que negociaba a esa hora los nuevos recortes de 2012 en la Mesa de la Función Pública.

Esto ha llevado a los representantes sindicales a levantarse de la mesa de negociación cuando hacia poco más de una hora que estaban reunidos para trasladarse hasta el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, para intentar presenciar la conferencia de prensa que daban hoy el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.

Ante la negativa de los Mossos que custodian una de las entradas al Palau a dejarles pasar, una quincena de sindicalistas ha protagonizado una sentada en el pequeño vestíbulo de la entrada lateral de la calle Sant Honorat, donde se han mantenido durante toda la rueda de prensa de manera pacífica lanzando consignas contra el Govern.

Los sindicatos, que han abandonado la protesta tras acabar la rueda de prensa, esperan ahora que sea la Generalitat la que vuelva a convocarlos a una nueva reunión de la mesa negociadora, que no se celebrará probablemente hasta el próximo lunes.

La corta reunión de hoy, la sexta que se celebra, no ha servido más que para volver a evidenciar la distancia que separa a las dos partes.

Fuentes de Gobernación han explicado que la administración ha puesto sobre la mesa la propuesta de reducción de la jornada laboral de una parte de los interinos y otra para que los funcionarios puedan recortar también su jornada de manera voluntaria, con lo que se conseguiría un ahorro que no se ha cuantificado.

La Generalitat pretende ahorrar con el conjunto de medidas que ha puesto sobre la mesa de negociación un total de 625 millones de euros, de los que 306 corresponden al recorte salarial que se obtendría con la reducción de pagas extras de junio y diciembre de 2012.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que hay alternativas a estas medidas como son la recuperación parcial del impuesto de sucesiones, la reducción del número de asesores y de los salarios y las dietas que cobra los altos cargos y la limitación de las externalizaciones de servicios, entre otras.