¿Se puede declarar confidencial un convenio entre una empresa pública y una ONG? Según la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, sí. Ayer, esta institución reconoció que el convenio por el que el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin se embolsó más de tres millones de euros de dinero público se firmó con el requisito previo de que sus términos exactos se mantuvieran en secreto, tal como adelantó ayer Público. Además, esta misma fuente oficial aseguró que la ley ampara esta práctica. En concreto, se refirió a la "ley de contratos del sector público" por la que, afirmó, "es obligatoria la confidencialidad".

La portavoz de la Generalitat no detalló en qué lugar de la norma se obliga a la confidencialidad de los convenios firmados entre empresas públicas y entidades privadas. La ley, sin embargo, es clara en afirmar lo contrario y repite hasta la saciedad la obligación de las entidades del sector público en asegurar la "publicidad" de sus contratos con entidades privadas. Tanto es así que la propia Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) pidió en dos sucesivos informes a la Generalitat que explicara "la excepcionalidad de la inaplicación de los principios de publicidad y con-currencia".

El acuerdo entre Nóos y la Conselleria de Turisme a través de la empresa pública CAC SA establecía un pago de más de un millón de euros al año a Nóos por la organización de las jornadas. Pero, acto seguido, establecía que sería la Generalitat la que pagaría la mayor parte de los gastos. En concreto, las arcas públicas soportaron el gasto del alojamiento de médicos, conductores, azafatas y técnicos, los viajes, alquiler de salas, mobiliario, catering, cartelería, acreditaciones, ambientación musical, etc. En todo ello, la Generalitat y el otro colaborador público del proyecto, el Ayuntamiento de Valencia, se gastaron 307.638 euros.

La pregunta es, entonces, a qué dedico su millón de euros anual la entidad de Urdangarin. La cuestión también fue ayer respondida por la Generalitat, que afirmó que Nóos se ocupó del "diseño del evento, desarrollo de ponencias y mesas redondas y elección de ponentes y temática de las mismas". La misma fuente oficial añadió que estos gastos, desglosados, fueron facilitados a la Sindicatura de Comptes. Pero este órgano no lo recibió, a juzgar por la demanda de más información que realiza en su informe, en el que pide la "justificación del importe comprometido" por CAC SA.

Los partidos de izquierda criticaron ayer la "ilegalidad" de los pagos a Urdangarin, en palabras de Enric Morera, de Compromís. Por su parte, el diputado de IU Ignacio Blanco criticó el secretismo del acuerdo: "La confidencialidad siempre esconde regalos millonarios del Consell a sus amigos".