Jueves, 4 de Octubre de 2007

Catalunya universaliza con gran consenso los servicios sociales

La nueva ley beneficiará a unas 500.000 personas de clase media

Ferran Casas ·04/10/2007 - 08:46h
Catalunya ya tiene su ley de servicios sociales. A partir de ahora éstos, junto con la sanidad, la educación y la seguridad social, tendrán carácter universal. Así lo aprobó ayer por unanimidad el Parlament después de cuatro años de trabajo en el Govern y la Cámara.
La ley, que complementa a otras como la de la dependencia -ésta de ámbito estatal-, va especialmente dirigida a las clases medias que, hasta ahora, quedaban de forma sistemática excluidas de las ayudas sociales por no situarse dentro de los umbrales de pobreza.
Actualmente los servicios sociales atienden en Catalunya a más de 800.000 personas, desde niños que van a guarderías públicas a ancianos internados en residencias. Ahora el acceso a esos servicios será menos complejo y la conselleria d'Acció Social calcula que, en 2010, se habrán acogido a ellos 500.000 personas más.
Cuando la ley entre en vigor, en enero de 2008, la evaluación del nivel de ingresos de los potenciales beneficiarios se hará en función de su renta personal y no de la familiar como hasta ahora. La financiación de los servicios será mixta entre la administración y los usuarios, siempre en función del nivel de renta.
La ley incluye una cartera de servicios sociales que definirá y concretará el tipo de prestaciones, la población a la que se destina y la financiación. Ésta se incluyó en el trámite parlamentario, según CiU gracias a su perseverancia. Un decreto que la conselleria debe redactar concretará el alcance de la cartera.
La de servicios sociales es una ley "icono" de una legislatura que el tripartito afrontó con marcada intención social. La consellera Carme Capdevila, de Esquerra, presentó la ley como un paso más en la "igualdad de oportunidades" que acerca los derechos sociales a la gente. Los grupos destacaron el esfuerzo de consenso. CiU y PP recordaron que el texto inicial no era asumible. Los últimos pusieron el acento en que se universaliza el acceso y no el derecho a los servicios.