Sábado, 19 de Enero de 2008

Archivan la causa contra el alcalde y los responsables del albergue en el que murieron 18 personas

EFE ·19/01/2008 - 14:37h

EFE - Familiares de cinco de los dieciocho fallecidos por inhalación de gas en un albergue municipal de Todolella (Castellón) durante el homenaje que les ofrecieron, en el primer aniversario de este suceso.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinarós ha sobreseído la causa penal contra el alcalde y quienes gestionaban el albergue de La Todolella donde en 2005 murieron 18 personas por inhalación de gas tras una fiesta de cumpleaños, al no considerarles responsables del suceso.

El auto, al que ha tenido acceso Efe, considera que en este caso "no existen indicios de la comisión de una infracción penal" después de acreditarse que todas las muertes fueron por asfixia ocasionada por la falta de oxígeno, "y ello a consecuencia de la combustión de una estufa que era inapropiada para un dormitorio, ya que exigía una gran ventilación".

"La única conducta activa que podría ser objeto de imputación penal sería la de quien instaló la estufa en ese lugar, pero no se ha conseguido determinar su identidad. Tampoco se sabe con certeza quién llevó la estufa", señala el juez, para añadir que una de las personas que podía haberla traído en su coche falleció aquel día, "por lo que se habría extinguido su hipotética responsabilidad".

Asimismo, rechaza la imputación que solicitaban las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal del alcalde, Alfredo Querol, y de los explotadores del albergue, pues "no se ha especificado en ningún momento qué obligación de actuar podrían tener" esas personas.

Respecto a Querol, "su condición de alcalde no es suficiente para convertirle en responsable de todo cuanto ocurra en el término municipal. No se ha acreditado que conociera la celebración de la fiesta, y mucho menos que supiera que se iban a instalar unas estufas inadecuadas y potencialmente mortíferas".

Tampoco hay "el menor indicio" de que Querol supiera que algunas personas se quedarían a dormir, pues uno de los testigos "ha afirmado que no estaba previsto que nadie se quedara a dormir, por lo que difícilmente podía adivinarlo el alcalde".

El juez también rechaza que en el albergue concurrieran "irregularidades administrativas", como entienden las acusaciones particulares, así como que el alcalde debiera prohibir la fiesta porque no había calefacción.

"El albergue contaba con licencia de apertura y cumplía todos los requisitos legales", señala el auto para destacar que la Generalitat obligara a todos los albergues de la Comunitat Valenciana, unos meses después de la tragedia, a que tuvieran calefacción.

"Sería más que discutible -insiste el juez- la potestad de un alcalde para prohibir una fiesta de cumpleaños, y mucho más cuando no se apreciaba causa alguna para esa prohibición".

En cuanto a los explotadores del local, "no tenían una obligación legal o contractual de actuar, ni habían creado riesgo alguno anterior a su pretendida conducta omisiva, que consistiría en no impedir que se instalasen las estufas".

El juez señala que no existe ninguna conducta calificable como homicidio y por esta razón decreta el sobreseimiento provisional de este procedimiento y deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas hasta el momento.

Los fallecidos, de entre 18 y 50 años, formaban parte de un grupo de unas 50 personas que acudieron al albergue municipal de San Cristóbal para celebrar el quincuagésimo cumpleaños de un vecino.