El modelo no se toca. Las sociedades de gestión, "a día de hoy", funcionan a la perfección. El fraude destapado es producto de "unos individuos que han violado la ley, presuntamente". Las palabras de la ministra de Cultura no pueden ser más inquietantes. Para ella el desvío de fondos, que investiga el juez Pablo Ruz, orquestado desde la SGAE por la cúpula de la mayor sociedad gestora de derechos no es más que una mancha de mora, que no cuestiona el descontrol con el que desvió casi 30 millones de euros.

Sobre los papeles oficiales y con sus membretes están las firmas de los imputados: presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, director general de la entidad, director económico y financiero y director general de la SDAE. Pero para Ángeles González-Sinde el problema es la SDAE y la creación a discreción de sociedades mercantiles con ánimo de lucro, no que estas engorden con los fondos que le manda la sociedad sin ánimo de lucro.

El problema para la ministra es la SDAE, no la SGAE. Y lo que es peor, el problema no le pertenece, porque se ha aferrado a la sentencia de 1997, que nunca acataron, porque sólo hace unos días recibió el País Vasco las competencias para la vigilancia de las cuentas de las gestoras de derechos. En 16 autonomías sigue en vigor que "el Ministerio de Cultura ejercerá el control de las entidades de gestión", como explica la Ley de Propiedad Intelectual.

¿Si todo funciona, qué sentido tiene proponer nuevas medidas de control sobre estas entidades? Si con estas reformas, nacidas de la desconfianza, no se corrige el poder de recaudación y la gestión de los derechos de los autores en manos de intereses particulares, sólo queda nacionalizarlas, como explicó en Público Francisco de la Torre, secretario general de inspectores de Hacienda, y como ayer planteó el diputado del PP José María Lassalle, con la creación de una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual.