Examen de selectividad del pasado junio de un grupo de alumnos que el próximo año estarán en la universidad. m. á. torres

"No quiero parecer un mendigo, pero si invertir en educación puede parecer caro, mucho más caro es no hacerlo". Este contundente mensaje del rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, resumió ayer el mensaje unitario de los máximos responsables de seis universidades públicas catalanas.

La comparecencia del grupo ante la comisión de Enseñanza y Universidades del Parlament sirvió para alzar la voz ante unos recortes que la próxima semana verán la luz, una vez que la Cámara catalana apruebe el Presupuesto de la Generalitat para 2011 con un acuerdo entre CiU y PP. Estas cuentas suponen un tijeretazo del 10% en el gasto de los departamentos y tampoco los de carácter más social se han librado. La educación sufre un recorte del 7,4% respecto a 2010. Pero en la universidad este porcentaje asciende hasta el 16%, justo el doble del que se aplicará en educación primaria y secundaria tras el pacto entre convergentes y populares. Los 400 millones que el Govern retira de los centros universitarios suponen una involución presupuestaria hasta el nivel de 2006.

Peligra el Plan Bolonia

Ramírez se mostró convencido de que "las universidades tienen que estar entre las prioridades del Govern y sufrir recortes menos drásticos, tal como se ha hecho con salud, dependencia y temas sociales". "Si se aplican estos recortes, el Plan Bolonia puede fracasar", añadió. El rector de la UB lamentó que si se consuma este duro plan de ahorro, la calidad de la docencia y los sectores de investigación "pueden perderse".

Merma a la investigación

Los máximos responsables de la universidad catalana coincidieron en pedir que el recorte se quede en el 10% para no tener que afrontar así reformas estructurales. Otra de sus propuestas fue que el presupuesto de la docencia se segregue del de la investigación.

El rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, pidió un pacto nacional "en favor de la educación superior", y rogó a los diputados que "si pueden hacerlo, lo hagan y si se puede salvar alguna cosa del presupuesto, la salven". En la misma línea, el rector de la Universitat Rovira i Virgili , Francesc Xavier Grau, pidió rebatir los "tópicos" como que la universidad es cara o que sobran centros superiores. Por su parte, la máxima responsable de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Ripoll, se preguntó si existen demasiados parques científicos en Catalunya, aunque destacó que las universidades ya han hecho un "esfuerzo" por encima del de la media para recortar costes y advirtió de que no invertir en ellas puede acabar siendo "carísimo".

La respuesta de CiU a los rectores no incluyó ningún tipo de promesa o gesto. Su representante, Dolors Batalla, declaró que haría lo posible por arrancar las bases de un pacto nacional posibilidad que el resto de partidos ve también con buenos ojos pero se mostró inflexible.

Según dijo, la crisis ha dejado Catalunya en una situación "excepcional" que espera que sea "coyuntural". La diputada convergente pidió "confianza" en el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y se mostró esperanzada en que el plan de austeridad se suavice en las cuentas de 2012. Pero tanto el presidente Mas como su conseller de Economia han advertido en reiteradas ocasiones de que el año próximo el presupuesto seguirá basado en la austeridad.

El recorte previsto para este año está acompañado de un alza en los precios de las matrículas, que suben un 7,6% de media (entre 65 y 100 euros más por alumno).

Ahora, tras las últimas elecciones autonómicas, la incertidumbre pasa por ver si el resto de autonomías se contagiarán del tijeretazo. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, señaló ayer que no espera un recorte para el curso que viene, informa Diego Barcala. "Las universidades en Madrid están al límite después de los recortes de los últimos años", explicó a este diario.

José Carrillo consideró "absurdo" que algunas autonomías recorten el dinero para la educación superior. "En la Complutense, cada euro invertido es devuelto a la sociedad multiplicado por tres", razonó.

La Complutense acumula una deuda aproximada de 140 millones de euros, entre los que se encuentran los 18 millones de las pagas extras de los profesores que la Comunidad de Madrid se ha negado a pagar.