Jueves, 26 de Mayo de 2011

La reforma de las pensiones sigue y el Gobierno prevé que esté lista en julio

EFE ·26/05/2011 - 16:09h

EFE - El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (i), conversa con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez (d), al inicio del debate del pleno del Congreso en el que se votaron hoy diversas iniciativas legislativas.

El Gobierno confía en que la reforma de las pensiones esté aprobada en julio, después de que hoy el Pleno del Congreso rechazara las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que presentaron el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV y los partidos UPyD y BNG.

Las enmiendas sólo fueron apoyadas por los grupos que las impulsaron (7 votos), mientras que los noes (175) se debieron al PSOE, CiU y CC y las abstenciones (151) al PP, PNV y UPN.

Tras este rechazo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, expresó su confianza en que el proyecto de ley pueda estar "perfectamente culminado y sin grandes dificultades en julio".

Gómez afirmó que espera que ahora haya un grado amplio de consenso en el Parlamento y de respaldo y participación en la tramitación parlamentaria, cuyo plazo de presentación de enmiendas concluye el 6 de junio.

Además, pidió que se respeten los contenidos esenciales firmados en el Acuerdo Social y Económico por el Gobierno, los sindicatos y la patronal; así como en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En la defensa del proyecto de ley, el ministro de Trabajo recordó que la reforma es fruto del consenso político y social (fue pactada con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT).

Además, destacó que es proporcional porque persigue una mayor correlación entre el esfuerzo contributivo y la pensión a percibir; es gradual, su entrada en vigor comienza en 2013 y finaliza en 2027; y es equilibrada debido a que reparte los esfuerzos entre generaciones.

Las principales novedades que citó de la reforma son que eleva a 67 años la edad legal de jubilación, aunque mantiene la posibilidad de hacerlo a los 65 con una carrera de cotización de 38 años y 6 meses; incrementa de 15 a 25 años los tenidos en cuenta para calcular la pensión y reconoce a los jóvenes sus cotizaciones como becarios y a las mujeres trabajadores el cuidado de sus hijos.

Gaspar Llamazares defendió la enmienda de ERC-IU-ICV porque es un "escándalo y una burla" que se suba la edad legal de jubilación a los 67 años cuando Telefónica quiere prejubilar a sus trabajadores a los 50 años, mientras que Joan Tardá señaló que la reforma obedece al dictado de los mercados financieros.

Rosa Díez explicó que UPyD presenta la suya porque la propuesta del Gobierno es precipitada, injusta e inútil.

De la enmienda de devolución del BNG Olaia Fernández Dávila dijo que se presenta por el "claro" carácter antisocial del proyecto.

En cambio, el portavoz de pensiones del PP, Tomás Burgos, admitió que la Seguridad Social tiene un problema serio, "pero no en 2060 sino hoy", por lo que defendió la necesidad de avanzar en la materia.

Por parte de CiU, Carles Campuzano discrepó "claramente" del planteamiento de fondo de las enmiendas y subrayó que factores como el envejecimiento de la población o la crisis hacen necesaria una reforma "ambiciosa y profunda" del sistema.

Desde el PNV, Emilio Olabarria señaló que algunas de las reflexiones de las enmiendas a la totalidad eran pertinentes, si bien destacó que otras eran "desgarradoras y apasionadas".

El exministro de Trabajo y portavoz del PSOE, Jesús Caldera, defendió la reforma "progresista" del Gobierno, porque garantiza un sistema universal y de reparto, y además hace el sistema mejor para hoy y para el futuro.

Por otra parte, el Pleno del Congreso convalidó el real decreto del Gobierno contra el empleo sumergido, con los únicos votos a favor del PSOE (167) frente a 158 abstenciones y 8 en contra de ERC-IU-ICV, BNG y UPyD.

Según recordó Gómez, este real decreto tiene dos fases de actuación, de las que la primera dura hasta el 31 de julio y permite a los empresarios que, de forma voluntaria, regularicen a sus trabajadores irregulares con contratos que tengan una duración mínima de 6 meses.

La segunda fase comenzará el 1 de agosto y conllevará un fuerte incremento de las sanciones para los patronos que sigan teniendo plantillas en la economía sumergida.