Sábado, 21 de Mayo de 2011

El modelo público, en peligro

Los recortes de prestaciones, las privatizaciones y el copago planean sobre la sanidad pública una vez superado el 22-M. Las comunidades siguen sin hacer aflorar la deuda sanitaria oculta, que supera los 10.000 millones de euros. El sistema debe cambiar su modelo para adaptarse de forma más eficiente a las enfermedades crónicas y a los pacientes mayores

ANTONIO GONZÁLEZ ·21/05/2011 - 08:00h

Dos participantes en la manifestación del pasado 5 de mayo en Madrid. MÓNICA PATXOT

El Sistema Nacional de Salud (SNS) vive uno de los momentos más críticos de su historia. El debate sobre el copago no es más que la punta de un enorme iceberg impulsado por aquellos que, aprovechando la crisis económica y el enorme déficit que arrastran las comunidades, defienden como inevitable el fin del actual modelo asistencial universal y abogan por distintos tipos de recortes. Las soluciones propuestas desde los think tanks sanitarios, en su mayoría promovidos por la industria farmacéutica e integrados entre otros por exresponsables sanitarios de todo signo político, insisten en favorecer la iniciativa privada y hacer al paciente más responsable de su salud mediante aportaciones como el copago. Del papel básico de la sanidad pública como garante del Estado del bienestar y baluarte de la equidad y de la redistribución de los recursos al margen de la renta, se habla mucho menos.

Por ello, según distintos expertos, tras las elecciones de mañana y, sobre todo, después de las próximas generales, se dilucidará si se mantiene el actual modelo, incluyendo las correcciones de calado que necesita para su sostenibilidad, o se opta por un nuevo esquema que ve la sanidad como negocio y a los pacientes como clientes. "Se requiere, en primer lugar, saber cuál es el estado de la salud financiera del sistema y conocer su endeudamiento oculto; aunque cueste, tenemos que aflorar los pasivos que no hemos reconocido para saber de qué estamos hablando", explica Luis Oteo, jefe de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad. "A partir de esto prosigue, habrá que plantear qué tipo de medidas son necesarias para saber si hay que hacer sacrificios y dónde, y tratar de que no se vean afectados los elementos esenciales del sistema".

No obstante, la situación del SNS, aquejado por una deuda que en cualquier caso nadie sitúa por debajo de los 10.000 millones de euros, requiere de soluciones urgentes que no parece que vayan a llegar en el corto plazo. "Después del 22-M veremos distintas medidas, pero no serán más que parches porque hay que pagar a los proveedores; el debate de fondo está interrumpido y no se va a reabrir hasta que pasen las generales", sostiene el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado. "Muy decepcionado" con la política, González Jurado cree también que antes de abordar medida alguna o plantear copagos o recortes hay que hacer un "diagnóstico de situación", sin olvidar que el modelo público actual "es un sistema muy equitativo".

En este mismo sentido se pronuncia Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, que echa en falta, antes de cualquier debate, que se pongan en valor las virtudes del SNS. "Parece que sólo cuesta dinero, pero es el mejor del mundo en equidad y ha avanzado mucho en calidad y excelencia", afirma. Para Jovell, al margen de corregir las ineficiencias que tiene el sistema, es esencial que las medidas que se tomen en el futuro se lleven a cabo "sin perjudicar a los más vulnerables".

Y eso es lo que podría pasar, a juicio de los expertos, si se instaura el copago sanitario, que en realidad debería llamarse repago, porque la sanidad ya está financiada con los impuestos de todos.

Riesgo de discriminación

"Ahora emerge el debate del copago presentándolo como un elemento para racionalizar el comportamiento de los consumidores, pero la evidencia científica es que no hay argumentos muy robustos a su favor desde el punto de vista financiero ni desde la eficiencia", añade Oteo. En su opinión, "cuando se han puesto copagos, se ha conseguido discriminar a las personas con menos renta, a los pacientes crónicos y a los ancianos".

No obstante, mientras se marea la perdiz con el debate sobre el copago, se consolidan otras propuestas que, como los modelos de asistencia de titularidad pública y gestión privada, atacan la raíz misma del modelo sanitario público sin crear alarma social. El mismo experto de la Escuela Nacional de Sanidad recuerda que hoy "nadie cuestiona" que este mecanismo, empleado con profusión por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, es "mucho más costoso" para las arcas públicas que los modelos 100% públicos. Eso sí, tiene la ventaja de que la Administración consigue la infraestructura en un plazo corto de tiempo y demorando su pago en el tiempo, una fórmula perfecta, y más en tiempos de crisis, para cumplir promesas electorales. "Al final se transmite a las nuevas generaciones una carga que no merecen cuando hay mecanismos para conseguir esas infraestructuras con fondos públicos", agrega Oteo.

Debilitar la protección social

Pero el esquema privatizador esconde otra amenaza, según la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González. "Es evidente que se busca el debilitamiento de los sistemas públicos de protección social para que la gente vea justificada la inversión en el sector privado", sostiene. A su juicio, "incorporar la lógica del mercado a las políticas públicas hace que no se orienten en función de las necesidades y derechos de los ciudadanos, sino del beneficio de las concesionarias". Como ejemplo, la responsable de CCOO de Madrid sostiene que, en el caso de los hospitales de esta comunidad, la rentabilidad de las concesionarias es de en torno al 12%. "No hay negocio tan rentable para estas como los nuevos hospitales; estamos dejando de ser sujetos de derechos para pasar a ser meramente consumidores", se lamenta.

Curiosamente, en el debate sobre la sostenibilidad del sistema pocos plantean destinar una mayor parte de los presupuestos a sanidad, pese a que España es de los países desarrollados que dedica un menor porcentaje del PIB a este sector. "Si hay que subir en un punto del PIB lo que dedicamos a sanidad, habrá que hacerlo, pero entre todos, no a costa de los que menos tienen", sostiene el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

También en el ámbito de la farmacia existe margen de actuación, pese a que el Gobierno estima en 2.500 millones los ahorros conseguidos con los recortes de precios llevados a cabo por decreto. Y es que, según señala Oteo, "se financian muchos insumos farmacéuticos que tienen utilidad nula, pero que se mantienen en el sistema por las relaciones de trastienda que existen en este sector".

Pero no se trata sólo de hablar de modelos económicos. También existe una base de acuerdo acerca de que el modelo actual, configurado en los años setenta y pensado para atender las patologías agudas de una población joven, no se ajusta ni al número de habitantes ni al perfil del paciente actual, más envejecido y afectado por enfermedades crónicas que requieren un abordaje muy diferente.

Una nueva asistencia

"El chasis organizativo se ha quedado anticuado". Son palabras de Rafael Bengoa, el consejero de Sanidad de Euskadi, una de las pocas comunidades que ha empezado a implementar un modelo distinto, en el que se mezclan la sanidad y la atención a la dependencia. En este contexto, medidas como el copago carecen de sentido: "El copago no nos soluciona esto ni va a mejorar la atención a los crónicos", señalaba hace poco.

Pero la sostenibilidad del sistema descansa también sobre sus profesionales. A juicio de Oteo, son ellos los que deben tener un mayor papel en la gobernabilidad del sistema "porque deciden la mayor parte de sus gastos" y, además, custodian sus valores.

En este sentido, no es fácil que los profesionales sanitarios dejen que la calidad del sistema se resienta. Un ejemplo es el caso catalán, donde los recortes anunciados por el Gobierno de CiU se han topado con la oposición frontal de médicos y enfermeras. "Quienes aplican las medidas son los profesionales y es muy difícil que se presten a medidas que supongan una pérdida de calidad", agrega Rodríguez Sendín. El presidente de los médicos no cree que el sistema esté en peligro "porque ni la población ni los profesionales lo tolerarían", pero por si acaso hace una advertencia final: "Este sector no da votos, pero los quita".