Lunes, 16 de Mayo de 2011

El Vaticano pide a los obispos que denuncien los casos de abusos

En una carta enviada a las conferencias episcopales, exige la creación de un documento con las líneas de actuación si se detecta algún caso

EUROPA PRESS ·16/05/2011 - 12:27h

EFE/ Claudio Peri - El Vaticano pide a los obispos que denuncien los casos de abusos a menores.

El Vaticano ha pedido a las todas las conferencias episcopales que denuncien a las autoridades los casos de abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la Iglesia de los que tengan conocimiento. El encargado de hacer esta exigencia ha sido el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada, que ha pedido a las conferencias que elaboren antes de mayo de 2012 un documento con unas 'líneas guía' en las que indiquen el procedimiento que seguirá cada autoridad eclesiástica en estos casos. 

El documento será revisado por la Congregación para comprobar que sigue las normas establecidas por Benedicto XVI, con las que se endurecieron las penas contra los acusados y se aumentó el plazo de prescripción de los delitos de 10 a 20 años. 

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado este lunes la carta circular enviada por el Prefecto a los obispos "para ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero", que se divide en tres partes. En la primera parte, el cardenal Levada indica una serie de "indicaciones generales" para redactar el documento, mientras que en la segunda parte recuerda las normas vigentes en la Iglesia respecto a estos casos, teniendo en cuenta la actualización realizada en mayo de 2010.

El documento tendrá que estar listo para mayo de 2012

El cardenal Levada recuerda, en la segunda parte, que la nueva legislación canónica indica las medidas canónicas contra un sacerdote acusado de abuso sexual, que pueden ser "restringir el ejercicio público del ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores" o "una pena eclesiástica, siendo la más grave la dimisión del estado clerical". En la última parte de la carta el cardenal Levada subraya la necesidad de "ofrecer asistencia a las víctimas, de tratar con respeto al denunciante y asegurar la privacidad y la reputación de las personas", así como "de tener debidamente en cuenta las leyes civiles del país". 

El cardenal Levada destaca también la necesidad de "cooperar en el ámbito de las respectivas competencias" con las autoridades civiles y subraya la necesidad de "remitir los delitos" a las autoridades. Asimismo, el cardenal advierte de que esta cooperación se refiere, no sólo a los casos de abuso sexual cometidos por clérigos, sino también "a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas".

El Vaticano pide tener en cuenta las leyes civiles

El cardenal Levada también recuerda que las nuevas 'líneas guía' tendrán que tener en cuenta las leyes civiles del Estado, así como "la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe".

Levada ha afirmado que "al recibir las denuncias de posibles casos de abusos sexual de menores" los obispos deberán asegurar que los sacerdotes acusados "sean tratados según la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes". Según indica el cardenal Levada, se debe excluir "la readmisión de un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste puede suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad", en caso de que las acusaciones "sean verosímiles".

Asimismo, el Prefecto de la congregación vaticana afirma que "los presbíteros" de la diócesis "deben ser advertidos del daño causado por un sacerdote a una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores cometidos por cualquier persona".

No obstante, el cardenal Levada ha recordado que "el sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria" aunque afirma que el obispo "en cualquier momento" puede limitar "de modo cautelar el ejercicio de su ministerio, en espera que las acusaciones sean clarificadas".