Viernes, 13 de Mayo de 2011

Casi 2.500 civiles murieron en 2010 a consecuencia del conflicto afgano

EFE ·13/05/2011 - 02:18h

EFE - Una grúa retira un autobús del ejército egipcio quemado, en la cariota plaza Tahrir. AI pide aprovechar las revueltas árabes para impulsar los derechos humanos. EFE/Archivo

Casi 2.500 civiles murieron en Afganistán en 2010, cuando se intensificó en todo el país la violencia generada por el conflicto armado y las consiguientes violaciones de derechos humanos, revela el informe anual de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy en Londres.

La mayoría de las 2.428 muertes de civiles contabilizadas por la Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán (ANSO) se atribuyeron a los talibanes y otros grupos armados (2.027), mientras 401 murieron a manos de las fuerzas de seguridad, indica AI.

Además de atentados suicidas y secuestros, los insurgentes aumentaron significativamente (más del 95 por ciento respecto a 2009) el número de asesinatos y ejecuciones por "apoyar" al Gobierno o "espiar" para las fuerzas internacionales, según AI, que destaca el ahorcamiento a manos de los talibanes de un niño de 7 años acusado de ayudar a las fuerzas británicas en Helmand.

A pesar de los dos grupos de directrices tácticas para reducir el impacto de los combates sobre la población civil dictadas por la ISAF y de que la cifra de civiles muertos por las tropas descendió un 14 por ciento respecto a 2009, los ataques aéreos continuaron siendo la táctica militar más lesiva, al causar el 53 por ciento.

Uno de los ataques más mortíferos de la OTAN tuvo lugar el 23 de julio y causó la muerte de hasta 45 civiles, entre ellos menores.

Las violaciones de los derechos humanos fueron también en aumento, en particular las relativas a la libertad de expresión, pues ambos bandos perpetraron actos de censura, acoso y violencia s contra los periodistas afganos, cuyo vicepresidente, Sayed Hamed Noori, fue asesinado en Kabul.

Los servicios de inteligencia detuvieron arbitrariamente a varios informadores y las Fiscalía General clausuró ilegalmente emisoras de radio y censuró otros medios de información, mientras los talibanes mantuvieron sus ataques a la prensa y bloquearon la actividad informativa en la zona bajo su control.

También fue castigada la libertad de religión, pues la justicia afgana procesó a los que se convertían y se obligó a algunas ONG de inspiración religiosa a suspender sus actividades.

Las mujeres y las niñas afganas siguieron siendo víctimas de una violencia y una discriminación endémicas. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán documento 1.891 casos de violencia contra mujeres, aunque la cifra real podría ser mayor.

A las mutilaciones, lapidaciones y asesinatos que sufrieron mujeres acusadas de adúlteras o que huían de los abusos de sus hogares se sumaron los ataques crecientes contra las valientes féminas que se atrevieron con la política, como Nadia Kayyani, miembro de un Consejo Provincial y en estado crítico tras se disparada desde un vehículo en marcha en Baghlan (norte).

El conflicto armado, además, causó 102.658 refugiados en 2010, con lo que la cifra total de desplazados internos ronda ya los 352.000, mientras que 2,3 millones de afganos siguen viviendo en otros países, la mayoría en los vecinos Irán y Pakistán.

AI destaca también la ausencia de un sistema nacional de justicia adecuado y la desconfianza de la población en la capacidad del gobierno y las fuerzas de seguridad para defender el Estado de derecho y prestar servicios esenciales, en particular en las zonas rurales, donde la población siguió sin tener acceso en 2010 a la atención sanitaria, la educación y la ayuda humanitaria.