Viernes, 13 de Mayo de 2011

Menos ayudas, más lentitud

Una de cada tres personas no recibe la prestación a la que tiene derecho. La crisis ha reducido la inversión estatal

VANESSA PI ·13/05/2011 - 08:30h

VANESSA PI - Conxa Vicent ayuda a su tío a levantarse, que necesita ayuda continua. juan navarro

Antonio Mena lleva desde junio de 2007 esperando a que la Comunidad de Madrid le dé a su madre la ayuda por la Ley de Dependencia. La mujer, Concepción Martín, tiene 86 años, no se vale por sí misma y con el tiempo ha ido a peor. Hace dos años, Antonio se vio incapaz de cuidarla y tuvo que llevarla a una residencia.

"La Comunidad nos propuso la ayuda económica para pagar el servicio", explica Antonio. Pero la propuesta no se ha materializado y Antonio está de papeleo continuo para evitar que el Gobierno madrileño convierta su silencio en una denegación de la ayuda. El resultado: casi cuatro años de espera.

Conxa Vicent, de 59 años, cuida de su tío Antonio desde hace más de seis años. Un achaque tras otro mermaron la ya débil salud del hombre, de 93 años. Conxa y su marido dejaron en 2004 su casa de Valencia y volvieron a su pueblo, Foios, a 15 minutos de la capital, para cuidar del tío. Hasta que, en 2010, la salud del anciano tocó fondo y Conxa solicitó la paga al cuidador familiar, en este caso, ella. No ha recibido ni un euro.

Los retrasos continúan siendo cuatro años después de la entrada en vigor de la ley la tarea pendiente de los gobiernos autonómicos. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que en España se tarda de media un año y medio hasta que se recibe la ayuda, destaca su presidente, José Manuel Ramírez. Un 32% de las personas con una ayuda reconocida siguen esperándola (346.886).

Falta de dinero

Las autonomías se escudan en la falta de dinero, un problema agudizado por la crisis. Los gobiernos del PP, con Madrid a la cabeza, denuncian que aportan al sistema mucho más del 50% que les corresponde. El Ministerio de Sanidad y Política Social, responsable de poner la otra mitad, defiende que el año pasado puso más de 2.000 millones y que, desde que se puso en marcha el sistema, suma 5.390 millones. Defiende que no ha recibido la información detallada de las autonomías para hacer balance de si el sistema de financiación es o no justo.

Madrid y. el País Valencià son las autonomías sobre las que más quejas recogió el año pasado el Defensor del Pueblo por la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Puede influir esto en las urnas? "Sí, y mucho. Si no hay dinero para unos, tampoco lo hay para otros", reivindica Conxa.

Mirando al 22 de mayo, el gobierno madrileño y el valenciano han disparado el número de prestaciones. En marzo, Madrid dio 10.000 nuevas ayudas (un 14,6% de todas las que da). Por su parte, el País Valencià concedió 9.000 más (19,4%). Hasta la fecha, no habían aumentado tan de golpe el número de beneficiarios. El resto de autonomías dan las ayudas progresivamente, sumando como mucho un millar de beneficiarios al mes.

"Cuando se quiere, se puede"

"Es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede", denuncia la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa. Pese a todo, destaca, ambas autonomías "siguen a la cola en la implantación del sistema". Costa reconoce el riesgo de que la crisis "afecte al proceso de implantación del sistema". Por su parte, la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, añade que las ayudas no siempre corresponden a las necesidades de los dependientes y critica que la mayoría sean pagas al cuidador.

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valencià añade que la Generalitat aprueba normas que ralentizan el proceso, denuncia su coordinador, Jaume Esteban. La otra gran asociación ciudadana del sector, la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón (Madrid) critica las triquiñuelas del Gobierno regional para "limitar el derecho", explica su abogado, José Ausín: "Quieren eliminar la retroactividad".

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y los sindicatos aplauden la gestión de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi y Aragón. Suspenden a Canarias, Madrid, el País Valenciano y Balears.

La Ley de Dependencia ha acaparado el protagonismo en política social: la partida estatal para la ley ha aumentado cada año. Al contrario, el presupuesto destinado a otros programas sociales se ha recortado. En 2008, el Estado repartió 154 millones a las autonomías. De estos, 94 se destinaron al plan concertado para que los ayuntamientos desarrollen sus planes sociales. En 2011, el Estado ha reducido la partida a 92 millones, 86 de los cuales son para el plan concertado. Conocer cuánto invierten de forma efectiva las autonomías en planes sociales es tarea ardua, ya que los presupuestos no son finalistas.

Montse Veracruz sabe de sobra la importancia de una red sólida de servicios sociales municipales. Madrileña de 36 años, divorciada y con dos niños a su cargo, de cinco y nueve años, no tiene más ingresos que los 350 euros mensuales que su ex marido le pasa "cuando quiere". No recibe ni una sola ayuda pública, denuncia. La razón que le dan es que, al estar empadronada en casa de su madre, ésta puede ayudarla con los 600 euros que cobra de su pensión.

Sin ayuda estatal

Gracias a la Fundación Tomillo, en colaboración con La Caixa, los hijos de Montse tienen material escolar, reciben clases de refuerzo y ella participa en cursillos de formación y búsqueda de trabajo. Sin sus hermanos no saldría adelante, explica, menuda y resuelta. Una de ellas paga el comedor de los niños, la otra el vestido de comunión de la niña... "Debería haber más ayudas", se queja. En la Fundación Tomillo explican que cada vez son más las personas que llaman a su puerta.

Los planes de infancia también se han resentido con el recorte presupuestario. El presidente de Mensajeros de la Paz-Madrid, Rodrigo Pérez, denuncia el oscurantismo de las administraciones. "Cierran unos recursos y no se sabe si abren otros", asegura. Critica que sin datos estadísticos es imposible evaluar el funcionamiento de los planes. "Ya se venían cerrando centros y quitando recursos, pero la crisis todo lo justifica ahora", arremete.

Sacar a los sin techo de la calle

La propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de que se cree una ley estatal que permita a los ayuntamientos sacar a las personas sin hogar de la calle, obligándolas a entrar en un albergue, puso de manifiesto las carencias de planes de atención a este colectivo. Gallardón matizó que esta medida se podría llevar a cabo "siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos". Acto seguido insistió en que muchos mendigos no desean acudir a los centros de acogida, por lo que suelen haber plazas libres, algo que desmienten las entidades sociales. Estas estiman que la cifra de los sin techo está en torno a los 30.000 en toda España (unos 3.000 en Madrid). Según los expertos del sector, la solución no es meterles en un albergue, sino sacarles de la calle de forma efectiva. El objetivo es ayudarles a encontrar trabajo, un hogar y reincorporarse a una vida activa. Esto supone un mayor esfuerzo por parte de los profesionales y una mayor inversión. Para que la ley que pide Gallardón se pueda llevar a cabo, se debería declarar la incapacidad de las personas sin techo, para lo que es necesario el dictamen de un juez. Desde septiembre de 2009, una ordenanza en Granada prohíbe y sanciona la "ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad". 

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