Miércoles, 11 de Mayo de 2011

Justicia confirma que el plan de Barbacid es ilegal

La Abogacía General del Estado no ve "jurídicamente procedente" la aventura empresarial del director del CNIO, criticado también por oncólogos y pacientes

MANUEL ANSEDE ·11/05/2011 - 06:00h

El Ministerio de Justicia ha dejado con pocas armas al oncólogo Mariano Barbacid en su guerra contra el Ministerio de Ciencia para embarcarse en una aventura empresarial en busca de un hoy muy lejano fármaco contra el cáncer de pulmón. Según un informe de la Abogacía General del Estado, al que ha tenido acceso Público, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la fundación pública que dirige, "no puede constituir válidamente una Agrupación de Interés Económico" con dos empresas privadas para desarrollar ese fármaco, como pretende el científico, porque la Ley de Fundaciones lo prohíbe.

La legislación no permite a las fundaciones embarcarse en este tipo de uniones porque, en caso de deudas, responderían con su propio patrimonio. Todo el CNIO podría hundirse. "No es jurídicamente procedente que la Fundación CNIO constituya una entidad de esa naturaleza", concluye el informe, que sí deja la puerta abierta a otras vías para la entrada de dinero privado, como las sociedades anónimas o limitadas.

En la AIE, las empresas lograrían jugosas exenciones fiscales

El Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes, lanzó su veredicto el 28 de enero, aunque Barbacid no ha encendido la polémica hasta ahora, cuando toca que el Patronato del CNIO elija a su sucesor el próximo lunes. Él mismo pidió su relevo en 2009 para dedicarse exclusivamente a su laboratorio y ahora algunos de sus propios colegas del centro le acusan anónimamente de "hacerse el represaliado" para torpedear su sucesión hasta que le concedan la Agrupación.

En ratones transgénicos

Barbacid sacó ayer los tanques a la calle contra el Ministerio de Ciencia. En una tribuna de opinión, acusó al departamento de Cristina Garmendia de boicotear su trabajo, anunciado casi como una cura para el cáncer de pulmón en una maniobra criticada por asociaciones de pacientes y oncólogos por crear "falsas expectativas". De momento, el científico sólo ha observado unos principios teóricos en ratones transgénicos.

En caso de deudas, la Fundación respondería con su patrimonio

"[El Ministerio] no permite financiar los programas de descubrimiento de fármacos del CNIO simple y llanamente porque no quiere", espetaba ayer Barbacid en el diario El País, perteneciente al Grupo Prisa, que tiene una silla en el Patronato que rige el CNIO. "¿Por qué impide la ministra Garmendia que se intenten generar fármacos contra el cáncer en el CNIO?", lanzaba Barbacid, que el lunes se negó a hablar con los medios sobre la polémica y ayer sólo lo hizo con los del Grupo Prisa y Telemadrid, vetando a los demás.

Tras el varapalo de Justicia en enero, Barbacid, uno de los oncólogos con mejores investigaciones científicas en España pero muy criticado por su gestión en el CNIO, se ha agarra-do a la Ley de Economía Sostenible, aprobada en marzo. Según respondió la semana pasada por escrito a este diario, la Agrupación de Interés Económico es la única opción para él y rechaza todas las demás que le ofrece el Ministerio. "Todos los expertos a los que hemos consultado nos han indicado que esta sería la única opción viable. De hecho, hay informes que indican que esta fórmula sería viable según la nueva Ley de Desarrollo [sic] Sostenible. Pero recuerdo que soy un investigador científico, no un jurista", contestaba.

Según fuentes del gabinete de Garmendia, el Ministerio ha solicitado otro informe a la Abogacía General del Estado para confirmar si, en efecto, la Ley de Economía Sostenible abre un hueco para el plan de Barbacid. El veredicto final todavía no ha llegado, pero la Abogacía General del Estado ya ha mostrado a Ciencia, en una consulta preliminar, que esta puerta también está cerrada. La Ley de Economía Sostenible permite a entes públicos entrar en sociedades mercantiles, pero la Ley de Fundaciones establecería una prohibición específica dentro de esta previsión general.

El Foro de Pacientes acusa a Barbacid de "crear falsas expectativas"

Detrás del interés de Barbacid por la Agrupación de Interés Económico se encuentran las jugosas exenciones fiscales para las empresas que participen, de hasta el 70% de su aportación en el impuesto de sociedades. El científico asegura que tiene dos socios apalabrados desde noviembre de 2010 no relacionados con la ciencia. Sin embargo, no dice sus nombres para "protegerlos", asegura. "¿Que la gente sepa que hay dos empresas que quieren poner dinero para investigar contra el cáncer es malo?", se pregunta un miembro del Patronato del CNIO, confundido por las intenciones del todavía director.

La ministra Cristina Garmendia habló ayer por primera vez de la pelea, después de que el Ministerio acusara la semana pasada a Barbacid de "jugar con el dolor" de los enfermos de cáncer. "Como gran investigador que es, siempre contará con una financiación de primera línea por parte del Ministerio", aseguró ayer Garmendia tras la presentación del informe anual de la Asociación Española de Bioempresas. Sin embargo, rechazó la creación de la Agrupación de Interés Económico que quiere Barbacid.

Un abanico de opciones

"El Ministerio de Ciencia se tiene que atener al dictamen" de Justicia, explicó. "Hemos intentado que el profesor Barbacid explorara otras posibilidades, pero él de momento sólo tiene interés en la Agrupación. No sé cuál es su empeño", concluyó Garmendia. Entre las alternativas viables se encuentran las sociedades anónimas, como ha hecho otro centro público de investigación, el Ciemat, con Iberdrola Renovables. O los consorcios públicos, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, que acaba de recibir 15 millones de euros de la Fundación Esther Koplowitz.

El director general de la Fundación Genoma España, Rafael Camacho, ve "absolutamente perversa" la afirmación de Barbacid de que la ministra impide desarrollar fármacos contra el cáncer. La Fundación Genoma España es pública y tampoco puede formar Agrupaciones, aunque incentiva su creación con créditos públicos de millones de euros a empresas. "Nadie está poniendo un veto desde el Ministerio a las Agrupaciones. Nosotros las incentivamos, pero es lógico que una fundación no pueda responder con su patrimonio de las pérdidas económicas de un socio", opina Camacho.

El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jo-vell, médico y él mismo enfermo de un tumor, critica que Barbacid juegue con los pacientes de cáncer: "Me cuesta entender lo que está haciendo. Lo peor con el cáncer es crear falsas expectativas. No hablemos de algo que funciona en ratas hasta que funcione en humanos".

"Cuestioné la legalidad de la medida"

El investigador James Bischoff dirigía el Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) hasta el pasado marzo. Desde Bélgica, donde trabaja en la farmacéutica Johnson & Johnson, comenta por teléfono la polémica de Mariano Barbacid.

1. ¿Cuál fue su labor en el CNIO?

Como director del centro, Mariano Barbacid me contrató en 2005 para dirigir el Programa de Terapias Experimentales del CNIO. Yo me encargué a su vez de contratar a casi toda la plantilla del programa. Todo el trabajo y las patentes se derivaban de mi equipo y eran completamente independientes del director del CNIO.

2. ¿Cómo se enteró de la polémica respecto a la fórmula de financiación de su programa?

Me enteré del plan de Barbacid de financiar el Programa de Terapias Experimentales a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE) en el verano de 2010. Yo cuestioné la legalidad de transferir un programa financiado con dinero público a esta AIE, que requiere de un socio empresarial motivado por el beneficio.

3. ¿Y quién actuaría con ánimo de lucro en esa AIE?

Iba a ser una empresa llamada Frontera Biotech, que había sido montada por un amigo de Barbacid. No está claro qué es exactamente esta empresa y no hay información pública sobre ella. El plan fue bloqueado por la ministra Garmendia, después de que la Abogacía del Estado dijera que era ilegal para una fundación pública.  

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